Alberto Fernández siente que vive una "tormenta perfecta". Busca negar todo sin atacar a Fabiola. ¿Hasta cuándo resistirá el vendaval?
El expresidente Alberto Fernández designó a una abogada de bajo perfil mediático y poco conocida pero bien considerada en ámbitos judiciales para su defensa en la causa por violencia de género que le inició su ex pareja Fabiola Yáñez. Su nombre es Silvina Carrera, con estudio en Lanús, matriculada en la Capital Federal.
La denuncia de Fabiola fue “sorteada” hoy en la Cámara Federal y recayó en el mismo juzgado que interviene por la causa que originó todo este embrollo.
El juez será Julián Ercolini, quien ya tiene arrinconado a Fernández por la contratación de seguros para organismos públicos a través de brokers que intermediaban con el Banco Nación.
En ese expediente, Fernández es defendido por la penalista Mariana Barbitta, pero no será ella quien lo asista en la causa por violencia de género. Investigando los seguros, Ercolini abrió el teléfono de la secretaria privada del expresidente, María Cantero, y encontró elementos de prueba para la causa que investigaba y también los indicios de agresiones a Fabiola.
El juez Ercolini maniobró para que hubiera una segunda causa y el azar, por llamarlo de algún modo, hizo que todo quedara prolijamente bajo su órbita. Una primera denuncia, articulada por un sello de goma con formato de ONG, fue asignada a un juzgado que subroga Ercolini; la “extracción de testimonios” después de que se divulgaran fotos de Fabiola Yáñez con signos de violencia en su cuerpo, fue a sorteo y también le cayó a Ercolini.
Las casualidades permanentes, evidentemente, existen.
Ercolini es uno de los jueces del autodenominado grupo “los huemules” que viajó al Lago Escondido en 2022 por presunta invitación de empresarios de un grupo de medios. Alberto Fernández utilizó una cadena nacional para embestir contra él, de quien se consideraba un viejo amigo. Por eso en tribunales circulan bromas con formato de título de película de cine: “la venganza de los huemules”.
La abogada Barbitta no fue notificada de esta nueva causa. Alberto Fernández, sí. Finalmente, la abogada designada para esta nueva causa es Silvina Carreira, letrada especializada en familia. El expresidente ya envió un escrito al juzgado para que sea tenida como parte en la causa.
En las condiciones en que está la causa podría solicitar que le permitan presenciar la ratificación de la denuncia de Fabiola Yáñez, seguramente por Zoom. Una decisión audaz, en ese contexto, sería preguntarle a su ex pareja –a través de su defensa- por las circunstancias en que se produjeron las agresiones denunciadas.
La estrategia defensista por ahora es sólo mediática. El expresidente concedió un reportaje para un medio europeo que saldrá a la luz en breve. Allí negará todo. Sus allegados le aconsejaron que no hablara de Fabiola y justificara esa postura silente en el “respeto al hijo de ambos”.
El escarnio que afronta está apenas comenzando. Desde el gobierno de Javier Milei anunciaron extraoficialmente que en las próximas horas se conocerá un nuevo video, de características similares (acaso peores) que el que trascendió en la víspera con Tamara Petinatto. Incluso especulan que la contraparte del expresidente es una mujer conocida mediáticamente, tal vez una periodista.
El video de Pettinatto no estaba en ninguna causa judicial. El que se anuncia entre bambalinas, según el pronóstico, tampoco. La versión sobre que estaba almacenado en un celular que Fernández le dio a su hijo Francisco parece inconsistente: el niño tiene poco más de dos años. En todo caso, si hubo un hallazgo inesperado por parte de la madre del niño, la irrupción en los medios muestra una vez más aquello de las casualidades permanentes, puesto que se conoció poco antes de las fotos con los moretones.
El acotado entorno del expresidente lee allí que se trata de un típico "carpetazo" a tres bandas: un sector de la prensa, el gobierno nacional y Comodoro Py. Todos, intuyen, bajo el paraguas de la renovada vieja guardia de los servicios de inteligencia que empiezan a justificar el incremento presupuestario de 100 mil millones de pesos.
Justo este viernes, también casualmente, la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país- publicó un compendio de jurisprudencia sobre la “introducción de la perspectiva de género en las sentencias”.
El presidente de la Casación es Mariano Borinsky. La coordinación del trabajo, titulado “El género en las decisiones judiciales de la Cámara Federal de Casación Penal”, estuvo a cargo de la Comisión de Género, a cargo de la jueza Ángela Ledesma.
En una selección de argumentos de esos fallos aparece una suerte de presagio para Fernández, no ya sobre si puede o no ir preso sino sobre lo que le costará patrimonialmente una eventual condena por violencia de género.
El juez Carlos Mahiques, en una sentencia, escribió acaso proféticamente: “Los tribunales deben realizar una apreciación objetiva de las consecuencias dañosas que estos hechos acarren debiendo tener en consideración el periodo de tiempo por el que se sometió a la víctima, las lesiones psíquicas y físicas sufridas, los daños materiales ocasionados y los derechos personales afectados. La indemnización debe comprender el tratamiento médico que requieran como consecuencia de su sometimiento; la pérdida de oportunidades de empleo, educación y prestaciones sociales, de progreso y desarrollo personal; la pérdida de ingresos; los gastos de asistencia jurídica o de otra índole, como los gastos del cuidado de sus familiares, entre otros”.
Mahiques es otro de “los huemules”.
