La Justicia dictó una medida cautelar y suspendió la exploración petrolera en Mar del Plata

• El cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
• La falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión.
• Las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

El magistrado citó el Acuerdo de Escazú y recordó que “estas acciones deben realizarse desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos’”.

Y amplió: “No se vislumbran, en principio, acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de 'medios apropiados' (escritos, electrónico u orales)” de modo de “garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental”.

Como detalló La Capital de Mar del Plata, el dictamen advirtió que la autorización estatal sobre el proyecto de exploración “se habría desencadenado de manera súbita, cuando se encontraban suspendidos los plazos administrativos a la espera de los informes de distintas reparticiones estatales”.

Martín tuvo presente al momento de resolver que el proyecto de exploración tiene como localidad costera más cercana a Mar del Plata, por lo que el puerto de esta ciudad resultará operativo para el desarrollo de las tareas.

“Ello justifica el interés reforzado del Municipio de General Pueyrredón en la suerte del proyecto a realizarse, atento a las consecuencias que podrían derivar hacia la industria de la pesca y del turismo de Mar del Plata, los eventuales impactos ambientales derivados de la exploración y posible explotación hidrocarburífera en la zona”, señaló.

Esta intervención institucional del municipio “no se vería satisfecha con la instancia de la audiencia pública, la que tiene por objeto promover un ámbito de participación ciudadana”.

“Aquí se trata, vale aclararlo, de la participación del municipio en tanto 'sujeto político de existencia necesaria', como lo ha calificado la Corte Suprema de Justicia, que posee un rol en la dinámica federal que no puede ser desatendido”, añadió Martín.