La Justicia ordenó al Gobierno reparar rutas nacionales del sur de Santa Fe

Para el juez, los cambios en los contratos de concesión no pueden utilizarse como argumento para postergar las reparaciones que necesitan los corredores.

El antecedente de la medida cautelar

La senadora provincial Di Gregorio había conseguido previamente una medida cautelar que obligó a Vialidad Nacional a señalizar los sectores deteriorados, realizar desvíos cuando fueran necesarios y ejecutar tareas de bacheo o relleno. La medida había sido confirmada por la Cámara Federal de Rosario.

Sin embargo, el cumplimiento fue parcial. En marzo de 2026, Vialidad reconoció que los trabajos en la Ruta 33 no habían sido retomados debido a la falta de autorización de una solicitud de provisión y a la espera de una ampliación presupuestaria.

Posteriormente, el organismo señaló que las restricciones presupuestarias y financieras impedían desarrollar con normalidad las tareas mínimas de conservación necesarias para garantizar la transitabilidad y la seguridad de la red vial.

La responsabilidad del Estado

Al analizar el caso, Cuello Murúa sostuvo que parte de las dificultades para avanzar con las obras estuvieron vinculadas con la falta de aprobaciones presupuestarias y solicitudes de provisión que involucraban a la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Para el juez, los distintos organismos intervinientes incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias, lo que configuró una “omisión comunitaria” del Estado.

De esta manera, la resolución excede la disputa entre el Estado y las empresas concesionarias y establece que el Gobierno nacional deberá garantizar que las rutas 7, 8 y 33 recuperen su plena transitabilidad en el sur santafesino, independientemente de qué organismo o empresa quede a cargo de ejecutar las obras.