Además, afirmó que “el proyecto no hace más que formalizar una posición política, que viene sosteniendo Cristina Fernández de Kirchner y la amplia mayoría de los que formamos parte de este espacio”. Y agregó: “Otros diputados cercanos a la postura del gobernador presentaron su proyecto, también formalizando su posición y nadie interpretó eso como la ruptura del diálogo”.
“Si hubiera leído los fundamentos del proyecto comprendería que no es objetivo del mismo meterse en facultades del Gobernador, sino tomar la iniciativa desde el Poder Legislativo para reunir los consenso necesarios entre todos los partidos políticos con el único fin de resolver entre todos el gran problema electoral en el que nos sumergió el Presidente de la Nación”, argumentó García.
“Faltan 7 meses para la elección y los bonaerenses no saben cuándo se va a votar, cómo se va a votar, ni cuantas veces se va a votar. Es una irresponsabilidad total”, reprochó y defendió la postura del kirchnerismo de llamar a elecciones concurrentes como viene sucediendo desde el regreso a la democracia en ese territorio.
En cuanto a su proyecto, remarcó: “La Constitución tiene otras disposiciones electorales, en cuyo marco se inscriben las facultades del gobernador”. En ese sentido, hizo hincapié en el artículo 61 de la Constitución que adjudica que la "legislatura dictará la ley electoral” y se apoyó en el artículo 83, en el que, explicó se citan "las disposiciones comunes para ambas cámaras, dice que 'Las elecciones para diputados y senadores tendrán lugar cada dos años, en la fecha que la ley establezca'”.
“La constitución no dice que tendrán lugar en la fecha que convoque el poder ejecutivo, dice ‘en la fecha que la ley establezca’. En consecuencia, es la Legislatura la que establece la fecha en que se realizan las elecciones legislativas. En uso de esas facultades constitucionales, el Poder Legislativo puede establecer plazos, como indica la ley electoral vigente, o puede establecer fechas, como ordena, por ejemplo, el código electoral nacional”, profundizó.
Según la senadora el texto constitucional “no deja en manos del poder ejecutivo decisiones que afectan al sistema electoral”. Por eso, profundizó que “este tipo de decisiones requieren una legitimidad que solo puede brindar el poder legislativo en la convergencia de voluntades que se necesitan para aprobar una ley”.
“Para discutir con la Constitución en la mano, antes hay que leerla, completa e integralmente. La moda nacional de leer la constitución y las leyes conforme a las necesidades y oportunidades políticas del momento menoscaban el debate público que queremos dar”, sentenció.