La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que define los lineamientos estratégicos que guiarán el accionar de los servicios de inteligencia durante los próximos años. Además de objetivos tradicionales como la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, el documento que publicó La Nación y analizó el periodista Hugo Alconada Mon, incorpora conceptos ambiguos que podrían habilitar tareas de vigilancia interna sobre actores civiles.
Política
La SIDE vigilará a quienes "manipulen la opinión pública" o a quienes puedan generar una "pérdida de confianza" en las políticas económicas del Gobierno
El nuevo Plan de Inteligencia Nacional, que detalla una investigación periodística, habilita tareas de espionaje interno que podrían alcanzar a periodistas, economistas, académicos y actores sociales.
La SIDE vigilará a quienes "manipulen la opinión pública" o critiquen la política económica del Gobierno
Entre los puntos más sensibles, el texto establece que podrán ser objeto de monitoreo quienes busquen “erosionar” la confianza pública en los funcionarios encargados de la seguridad nacional o generen “pérdida de confianza” en las políticas económicas. El texto no especifica si esa vigilancia recaería sobre agentes externos, o si podría aplicarse también a ciudadanos, economistas, periodistas o académicos que expresen críticas.
También se señala como foco de interés a quienes “manipulen” la opinión pública durante procesos electorales o propaguen “desinformación”. Sin precisiones, se abre así la posibilidad de que las acciones de inteligencia incluyan a comunicadores o usuarios de redes sociales que difundan contenidos considerados engañosos o contrarios a la línea oficial.
En el texto, de más de 170 páginas, se alude incluso a quienes promuevan la “distorsión de la percepción” y afecten los procesos “cognitivos” de la opinión pública, especialmente a través de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.
Inteligencia y política económica
El nuevo plan también identifica como objeto de análisis a aquellos actores que afecten la confianza en las políticas económicas del Gobierno, sin detallar quiénes podrían ser incluidos. Además, se podría justificar la vigilancia a analistas o economistas críticos, incluso a referentes de organismos o fondos extranjeros que cuestionen la política económica.
En paralelo, el documento reafirma el alineamiento estratégico del país con Estados Unidos e Israel y establece como prioridades el control de los recursos naturales estratégicos, la situación del Atlántico Sur, la región antártica y el monitoreo de tecnologías emergentes como 5G y 6G.
Un organismo con presupuesto creciente
El Plan de Inteligencia Nacional (PIN )fue desarrollado durante el segundo semestre de 2024 por la conducción actual de la SIDE, encabezada por Sergio Neiffert (“Señor 5”) y su segundo, José Francisco Lago Rodríguez (“Señor 8”), a cargo del control administrativo del organismo.
Tras una reciente reasignación presupuestaria, la SIDE recibió $25.250 millones adicionales, alcanzando un total de $80.872 millones para este año. De ese monto, más de $13.400 millones se destinan a gastos reservados.
Pobreza, criptomonedas y concentración económica bajo la lupa
El documento también menciona como áreas de interés a fenómenos vinculados a la pobreza, la desigualdad, las migraciones internas y la concentración económica. Se destaca también el seguimiento de posibles operaciones irregulares con criptomonedas, en línea con las investigaciones sobre lavado de dinero y evasión fiscal.
En algunos puntos, el plan parecería alinearse con la llamada “batalla cultural” impulsada por sectores libertarios, aunque también contiene elementos que contradicen ciertos postulados, como el énfasis en el control financiero, que podría colisionar con la flexibilización tributaria promovida por el Ejecutivo.
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