La Ley Finocchiaro apunta a garantizar el derecho a la educación de niños y adolescentes durante las medidas de fuerza e involucra al personal directivo y docente. Ahora será girado al Senado.
Ley Finocchiaro: diputados aprobó el proyecto que obliga a las escuelas a abrir durante los paros
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley Finocchiaro, que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial”, obligando a las escuelas a permanecer abiertas durante los días de paro. La medida busca garantizar el derecho a la educación de niños y adolescentes, con la implementación de una guardia mínima de personal.
La iniciativa, impulsada por Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación del gobierno de Cambiemos y actual presidente de la Comisión de Educación, establece que durante los dos primeros días de huelga, el 30% del personal escolar deberá seguir trabajando.
Si la medida de fuerza se extiende, ese porcentaje aumentará al 50%. De esta manera, aunque se permitiría la realización de las protestas, estas deberían llevarse a cabo bajo las condiciones estipuladas por la nueva normativa.
En su presentación, Finocchiaro señaló: “Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Acá hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”.
El proyecto fue aprobado tras un intenso debate, con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones. Además de Finocchiaro, el proyecto ccontó con aportes de diputados radicales como Carla Carrizo, de la Coalición Cívica e Innovación Federal.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, uno de los artículos del proyecto especifica que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida. Esto permitiría una planificación anticipada y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante las huelgas.
La iniciativa también contó con fuertes críticas por parte de la oposición. La diputada kirchnerista Blanca Osuna afirmó que la ley violaría el derecho a huelga de los docentes.
“El presidente Javier Milei no le interesa la educación pública; eliminó el Fondo de Incentivo Docente para, con esos recursos, financiar la educación privada por medio de vouchers”, cuestionó Osuna.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA, también se manifestó en contra: “Prohibir el derecho de huelga a los docentes es como decir que encontramos la respuesta a la diarrea y usamos un tapón”.
El debate no terminó allí. Tras la aprobación de esta ley, los diputados pasaron a discutir el financiamiento de las universidades, en un contexto de paros docentes en el sector.
A pesar de la renuncia inicial del bloque oficialista, los diputados de la UCR lograron incluir el tema en la agenda. Los libertarios accedieron ante la amenaza cierta de no alcanzar el quórum en el recinto para discutir los proyectos de su mayor interés, como el de la esencialidad del servicio educativo.
