Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: los cambios con los que el oficialismo busca sumar a aliados

Ahora, ese texto, será enviado a los bloques dialoguistas para votar en la próxima reunión de comisiones la modificación al dictamen que ya fue aprobado y rechazado en cuatro oportunidades en el Senado. En la última sesión del 16 de julio, la falta de apoyo de los bloques aliados derivó en un pedido de cuarto intermedio. Ahora el objetivo es retomar el debate con el nuevo texto, al finalizar el período de receso invernal del Congreso, en la sesión del próximo 6 de agosto.

Entre sus argumentos, el Gobierno señala que "la iniciativa, impulsada por el Presidente Javier Milei y refrendada junto a 18 gobernadores en el marco del Consejo de Mayo, retoma uno de los compromisos centrales del Pacto de Mayo, cuyo primer punto establecía el respeto irrestricto a la propiedad privada como principio fundamental para el desarrollo económico y social del país".

Agrega que "los argentinos convivimos por más de cien años con vulneraciones constantes, diversas y descabelladas a los derechos de propiedad en nuestro país" y señala que esas "vulneraciones que culminaron en un sistema en el que los argentinos no saben si lo suyo es verdaderamente suyo, y en el que la propiedad declarada se siente más como una amenaza futura de confiscación, que como un reaseguro frente a ella".

También cuestiona "un derrotero de medidas equivocadas a lo largo de esos cien años convirtió a la Argentina en una excepción para el resto de Occidente: un país en el cual los contratos no valen, donde quien firma un contrato no sabe si el Estado lo va a honrar, y el que es dueño de algo no sabe por cuánto tiempo lo será".

Remarca que "cada gobierno se sintió autorizado a regular, prohibir o directamente quedarse con lo ajeno según su conveniencia. Eso lo que famosamente llamamos '¿inseguridad jurídica': la razón por la que la inversión pasó de largo, y con ella el empleo y el crecimiento que nunca llegaron".

Propiedad Privada: Las modificaciones que Bullrich deberá negociar con la oposición

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada introduce modificaciones orientadas a reforzar las garantías constitucionales sobre la misma, y establece cinco ejes rectores que definen el alcance de las modificaciones introducidas.

• 1.Expropiaciones:

El proyecto establece límites a las expropiaciones de parte del Estado, y que "se eliminen ambigüedades mediante la modificación de la ley 21.499 con el objetivo de impedir al Estado todo tipo de abuso de la figura de expropiación".

Según el Gobierno, "el Estado deberá identificar de manera específica y concreta el fin que persigue, y demostrar que la expropiación es idónea, necesaria y proporcional, que no había un camino menos gravoso. Si existe una alternativa que no implique quitarle a alguien lo suyo, el Estado está obligado a tomarla".

También introduce modificaciones en materia de indemnización.

Según explican cerca de Bullrich, "la reforma busca asegurar que el expropiado reciba una reparación plena por el valor de su bien".

"Para ello, establece que la valuación se realizará tomando como referencia la fecha anterior a cualquier acto o anuncio estatal vinculado con la expropiación, evitando que las propias decisiones del Estado puedan alterar el valor del inmueble".

También "dispone la actualización del monto mediante IPC, de modo que la inflación no reduzca el valor real de la indemnización".

Finalmente, "reconoce el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado", precisaron las fuentes.

• 2. Desalojos:

Según la defensa del Gobierno, con el proyecto "se corrigen las demoras estructurales del sistema vigente. Hoy los juicios por desalojo se tramitan por vía ordinaria, lo cual conduce procesos que tardan años en resolverse. Con la nueva ley, el desalojo se tramitará por juicio sumarísimo, el procedimiento más veloz que contempla el Código Procesal, reduciendo el plazo promedio de resolución del conflicto de años a meses.

"Hoy, identificar un inmueble ocupado para un desalojo puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Si la numeración fue retirada o alterada, el trámite puede complicarse y generar demoras que terminan beneficiando al ocupante. La nueva Ley va a permitir nuevos mecanismos para que la identificación judicial del inmueble se realice de forma más ágil", ampliaron en Casa Rosada.

• 3. Tierras rurales:

El Ejecutivo remarca que "la Constitución Nacional, en sus artículos 20 y 25, señala que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles y el Estado fomenta la inmigración que viene a trabajar la tierra y a desarrollar las industrias".

"Sin embargo, la ley de tierras rurales de 2011 criminalizó de facto la posesión de tierras por parte de extranjeros. Montó topes generales y arbitrarios que no hicieron nada por asegurar la soberanía nacional e impidieron el desarrollo productivo", puntualiza.

En esa línea, el Gobierno agrega: "Existen muchos proyectos de inversión que por su escala y sus particularidades requieren de amplias extensiones de tierra para llevarse adelante, como proyectos concretos en petróleo, minería y agro. Por eso, se van a levantar las restricciones a personas humanas y jurídicas extranjeras, a la vez que se establece la prohibición a Estados extranjeros y entidades afiliadas a los mismos".

"A modo ilustrativo, hoy en Argentina la superficie forestada para producción podría ampliarse hasta 5 millones de hectáreas, sin afectar bosques nativos ni desplazar otros usos productivos, algo que no sucede por estas restricciones a la inversión", ejemplifica.

Sobre ese punto, observa: "Además, las economías del NEA podrían ver inversiones por más de 10.000 millones de dólares en desarrollos foresto-industriales que hoy están explícitamente prohibidos por ley, sumadas a más de 2.000 millones en la región cuyana y 1.000 millones en la patagonia".

• 4. Ley del fuego:

El Gobierno argumenta que la modificación de la ley de Manejo del Fuego "volverá a su objetivo original, que es el de proteger los bosques nativos. Por eso, hay que diferenciar entre la protección del medio ambiente y la legislación que aniquila la actividad productiva" y mantiene las críticas a la modificación impulsada por Máximo Kirchner en 2020.

"De este modo, lo que sí cambia esta ley es la distorsión que se introdujo en 2020, cuando - por iniciativa de Máximo Kirchner - la restricción se extendió a los campos agrícolas y a los bosques implantados", señalan en el oficialismo.

También indican que "el resultado de este ambientalismo extremo fue un régimen absurdo que castiga dos veces al productor víctima de un incendio, primero sufre el incendio: pierde infraestructura, recursos y capacidad productiva".

"Además, el Estado le paraliza el campo durante 30 o 60 años, aun cuando el incendio no haya sido su culpa. Una restricción así excede cualquier criterio razonable para ordenar la recomposición productiva. En la práctica, puede inmovilizar una propiedad durante una generación entera o incluso más", objetan.

Al respecto, analizan que "no es razonable aplicar el mismo castigo a quien provoca un incendio para cambiar el uso del suelo y a quien pierde su capital por un hecho accidental, climático o causado por terceros".

"La normativa mantiene la sanción al incendiario intencional; quien prende fuego para hacer un negocio inmobiliario o alterar ilegalmente el uso del suelo será sancionado con firmeza. Pero esa sanción no debe caer automáticamente sobre el productor inocente", completan.

• 5. Modernización del Registro de Propiedad Inmueble:

El oficialismo sostiene que el proyecto de ley impulsa "un sistema que permite comprar, vender, hipotecar e invertir sobre inmuebles con certeza".

Señala que "hoy, cada Provincia opera exclusivamente con su registro, con mucha variabilidad de eficiencia. Un registro lento encarece las operaciones, posterga la inversión, e incluso restringe el crédito, porque los bancos necesitan verificar con rapidez la titularidad y las cargas de un inmueble".

Y agrega: "Con este proyecto se impulsa la modernización del sistema registral inmobiliario mediante la incorporación de herramientas digitales, estándares comunes y mecanismos de coordinación entre los registros de las distintas jurisdicciones".

"Se prevén trámites digitales, un plazo máximo para la calificación registral y la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria que facilite el acceso a informes, certificados y demás servicios registrales desde un único portal, sin alterar la organización de los registros provinciales", finaliza.