La Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que ejerce como superior del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, accedió al pedido de libertad de Mieri.
Al analizar los riesgos procesales, la Sala II valoró que Mieri haya aportado a la Justicia su celular sin clave y concluyó que no hay sospechas de que pudiera entorpecer la investigación.
El fallo, firmado por los jueces Alberto Lugones y Alberto Barral, también cuestionó uno de los puntos centrales por los que Arroyo Salgado mantenía detenida a la funcionaria y militante kirchnerista: “Las afirmaciones efectuadas por el juzgado de primera instancia a la hora de evaluar la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación -en relación a que el celular de Mieri había sido objeto de una “constatada maniobra de vaciado completo”- carecen -en la actualidad y frente a la ausencia de un peritaje de la especialidad- de respaldo probatorio técnico suficiente”, determinaron.
Al rechazar la excarcelación, la jueza había sostenido que el teléfono se secuestró el 2 de julio y solo tenía movimientos desde el día anterior, indicio de que la imputada habría borrado pruebas. Sin embargo, la Cámara pudo confirmar que cuando se abrió el dispositivo había llamadas al menos desde el 9 de junio.
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Mayra Mendoza esperó a su mano derecha fuera del penal de Ezeiza.
El riesgo procesal de fuga tampoco está verificado, según los jueces de Cámara. Sobre esta cuestión, se ponderó el comportamiento asumido por Mieri al allanarse su domicilio. Esto, sumado a la falta de antecedentes penales, terminó por convencer a los magistrados de conceder la excarcelación.,
Los jueces de Cámara resaltaron en su fallo que la liberación de Mieri ocurrirá “bajo la caución que ‘razonablemente’ la señora jueza de grado estime corresponder”.
Mieri seguirá sometida a proceso, aunque en libertad. Está imputada por atentado contra el orden público, en concurso real con amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas, estas últimas en concurso ideal con los delitos de malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley.
La Sala II de la Cámara Federal de San Martín este martes también moderó las condiciones de excarcelación impuestas a Alesia Abaigar, directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer bonaerense, quien también participó del ataque a la casa de Espert.
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Eva Mieri y Alesia Abaigar están imputadas por el ataque con estiercol a José Luis Espert.
La situación de Alesia Abaigar
La defensa de Alesia Abaigar había apelado una decisión de la jueza Arroyo Salgado, quien para levantarle la prisión domiciliaria y sacarle la tobillera electrónica le impuso una caución real de 30 millones de pesos y una serie de reglas de conducta. Entre ellas está la prohibición de acercamiento a un radio de 500 metros y todo tipo de contacto con las víctimas José Luis Espert, María Mercedes González y sus hijos, así como al domicilio en el cual residen en la localidad de Beccar.
A la funcionaria bonaerense también se le impuso la obligación de comparecer todos los martes ante el Juzgado y la prohibición de ausentarse de su domicilio o lugar de trabajo por un lapso mayor a 48 horas sin la debida autorización del tribunal.
La Cámara entendió que Abaigar no iba a poder pagar los 30 millones: su salario asciende a los $1.900.000 mensuales y entre sus posesiones tiene solo un Renault Clio 2011, uno de los vehículos con los que se habría perpetrado el escrache al diputado.
En este escenario, los jueces de alzada determinaron que el monto fijado por Arro Salgado fue desproporcionado, por lo que lo redujeron a la suma de dos millones de pesos. En cuanto a las restricciones, la funcionaria del Ministerio de la Mujer tendrá prohibido de ahora en más salir del país y acercarse a Espert o su domicilio, sin otras obligaciones de conducta a cumplir.
Seguirá imputada por atentado contra el orden público en concurso ideal con amenazas agravadas, y también por incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas.