Sergio Massa se comunicó telefónicamente desde su despacho en el Congreso con el Presidente, con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y con el ministro de Economía para ver cómo resolver la aprobación del Presupuesto.
Analizaron dos posibilidades que se definirán en manos del Presidente esta tarde en el encuentro en Olivos: la posibilidad de firmar un decreto simple prorrogando el presupuesto vigente de 2021 o convocar a sesiones extraordinarias para enero y enviar un nuevo proyecto para que sea tratado el año que viene, con más modificaciones.
¿Qué pasó con el debate del Presupuesto 2022?
Este viernes, el Frente de Todos no logró acordar con los bloques opositores y perdió la votación, tras ser rechazada la propuesta de que vuelva a comisión. Luego de las elecciones de medio término y la asunción de los legisladores electos, el Frente de Todos perdió la mayoría y se ve obligado a negociar con la oposición para poder sancionar leyes y no tener un Congreso congelado.
Desde la oposición, cuyos principales frentes son la UCR y el PRO, se muestran firmes en que el oficialismo reconozca sus errores para ellos sentarse a debatir. Así lo afirmó en su momento el exgobernador mendocino, Alfredo Cornejo, al referirse a la negociación con el FMI y el legislador Cristian Ritondo al cierre del debate de este viernes.
En cuanto a puntos de conflicto, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados insistió hasta último momento en rechazar los cambios a las proyecciones de 33% de inflación, 3,5% de déficit fiscal y un crecimiento del 4% del PBI previstas por el Gobierno para el Presupuesto 2022, algo que desde otros frentes no consideraron posible de alcanzar.
Otras cuestiones cruciales fueron el artículo 82, referido al impuesto a los Bienes Personales, en el que se delegaba en el Poder Ejecutivo por tiempo indefinido y mientras esté vigente el impuesto, la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores hasta en un 100% sobre la tasa máxima para gravar los bienes situados en el exterior.
Otro punto que despertó controversia fue la pretensión del Gobierno de prorrogar hasta diciembre de 2024 la facultad de mantener los derechos de exportación a los productos agropecuarios.