Mientras las universidades se preparan para movilizar, el Gobierno consideró que se trata de una "marcha política"

Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que la convocatoria responde a una situación “hiperaguda”, debido al impacto de los recortes presupuestarios en el funcionamiento de las universidades nacionales y advirtió que "afectar la educación y la ciencia, es hipotecar el futuro”.

“Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país”, destacó el rector de la UBA, en la previa de la nueva Marcha Federal Universitaria que se realizará mañana en varios puntos del país, con epicentro y un acto central en Plaza de Mayo.

Gelpi negó que existan intenciones políticas, defendió la legitimidad de los reclamos y denunció que los fondos transferidos por el Gobierno no se actualizan según la inflación, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo. “Estamos treinta y cinco, cuarenta por ciento por abajo”, argumentó en declaraciones periodísticas.

El Gobierno calificó de "política" a la cuarta Marcha Federal Universitaria en la era Milei

Desde la Casa Rosada calificaron la nueva protesta como "una marcha política", mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, concretaron este martes un nuevo ajuste en las partidas destinadas a universidades con un recorte de 5.303 millones en los gastos previstos solo para infraestructura.

Tal como anticipó A24.com, en la resolución 20/26 este martes el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial un nuevo ajuste de todos los gastos del Estado, que superan los 2,5 billones de pesos, y entre las áreas más afectadas se encuentran los organismos dependientes de los ministerios de Salud y de Educación.

Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó una foto junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez: "Trabajando acerca de la situación de las universidades de todo el país", indicó la funcionaria sin dar mayores precisiones.

Fue el subsecretario del área, quien en declaraciones radiales salió a marcar la postura del Ejecutivo nacional.

El funcionario defendió la decisión de mantener "suspendida" la ejecución presupuestaria de la ley votada el año pasado por la oposición, que Milei vetó en dos oportunidades pero que el Congreso y la Justicia volvieron a ratificar; y cuya definición está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, luego de varias apelaciones del Gobierno.

Álvarez defendió entonces la postura del Gobierno de suspender la ley de financiamiento universitario y reiteró que los pagos se depositaron en tiempo y forma, al negar las denuncias de la UBA sobre las demoras en las transferencias para los hospitales universitarios.

El subsecretario planteó que cuando se sancionó la ley de financiamiento universitario las autoridades "aumentaron de manera exorbitante los salarios y los gastos de funcionamiento, incumpliendo la ley de administración financiera sin tener definidas las partidas de donde saldrían los fondos".

El funcionario, recordó que "el año pasado el gobierno perdió en el Congreso la defensa de los vetos" y que "al quedar firme" la normativa "se promulgó", pero basándose en que "hay otra Ley de Ejecución Presupuestaria, que nos obliga a los funcionarios promulgar una ley y en el mismo acto suspenderla, hoy esa es la situación: está suspendida".

Álvarez reiteró que "desde el punto de vista formal la ley está suspendida hasta tanto la Cámara de Diputados y el Senado indiquen la partida de la cual se va a financiar semejante gasto", y cuestionó que la norma establece "aumentos de sueldos de un 50% de un solo golpe, lo mismo que las partidas para becas, obligando al gobierno a financiarlas con déficit fiscal".

Además remarcó que ante esa situación el Gobierno apeló los fallos que ratificaron la ley y "el tema está en la Corte Suprema, pero la ley esta suspendida".

El funcionario argumentó que desde Educación trabajaron "con dos presupuestos repetidos" y desmintió retrasos en los pagos, como denuncian desde el CIN.

"Hasta 2024 estamos con un gasto total de 4.2 billones de pesos y el presupuesto para todo el 2026 aumentó a 4.28 millones, mucho mayor al anterior, pero ellos pretenden a eso agregarle casi 3 billones más", insistió Alvarez.