El organismo internacional comunicó la fecha en la que resolverá el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para frenar el proyecto Sea Lion. El Gobierno advirtió sobre el riesgo de daños irreversibles si comienza la extracción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Malvinas: el Tribunal del Mar anunciará el 28 de noviembre si frena el proyecto petrolero británico. (Foto: archivo).
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunciará el sábado 28 de noviembre su decisión sobre el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para detener la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Los jueces deberán determinar si el proyecto Sea Lion puede avanzar según el cronograma previsto o si corresponde suspender las operaciones mientras continúa pendiente la controversia por la soberanía del archipiélago.
La fecha fue confirmada este martes por el presidente del organismo, Maurice Kamga, al finalizar las dos jornadas de audiencias realizadas en Hamburgo, Alemania. Así, los magistrados tendrán 17 días para evaluar los argumentos de las partes antes de emitir una resolución.
En su presentación final, la delegación argentina solicitó cuatro medidas provisionales. Entre ellas, pidió impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion, restringir el uso de la información obtenida durante las tareas de exploración, garantizar la participación del país en la protección del medio marino en disputa y exigir al Reino Unido que evite adoptar nuevas decisiones que profundicen el conflicto.
Aunque el tribunal no tiene un plazo obligatorio para pronunciarse, la resolución llegará en un período relativamente breve. Como antecedente, en el caso de la Fragata Libertad, el organismo demoró aproximadamente tres semanas en emitir su decisión.
Uno de los ejes centrales del planteo argentino fue la posibilidad de que la explotación provoque daños que no puedan repararse posteriormente. El jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que “una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”. Además, sostuvo que “sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será”.
Durante su exposición, Schrijver detalló las características del emprendimiento, cuya inversión definitiva fue aprobada en 2025. El proyecto será desarrollado por la petrolera israelí Navitas, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper, con el 35% restante.
El plan contempla la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de 30 años, mediante la perforación de hasta 26 pozos y la instalación de un sistema de producción en el lecho marino. Según la delegación argentina, el avance de las operaciones modificaría de manera permanente la plataforma continental y generaría un perjuicio que ninguna resolución posterior podría revertir.
Por su parte, el jurista Marcelo Gustavo Kohen aclaró que la Argentina no pretende que el tribunal se expida sobre la soberanía de las islas para ordenar las medidas provisionales. También recordó que Malvinas permanece en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas pendientes de descolonización y citó la resolución 31/49, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantenga la disputa.
Por su parte, el asesor legal de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal, afirmó que el país acreditó los cuatro requisitos necesarios para obtener medidas provisionales. Se refirió a la competencia prima facie del organismo, la plausibilidad de los derechos invocados, el riesgo real e inminente de un perjuicio irreparable y la urgencia de la intervención.
También rechazó que el Reino Unido presente el caso como un litigio sobre soberanía y reiteró la disposición argentina a negociar “todos los aspectos” de la controversia.
La delegación nacional estuvo integrada por Oyarzábal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, en carácter de co-agente; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; el asesor jurídico Agustín Giustiniani; y los especialistas en derecho internacional Marcelo Gustavo Kohen y Nicolaas Jan Schrijver.
Por el Reino Unido participaron los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, la Attorney General Ellie Reeves y los funcionarios del gobierno de las islas Simon Young, fiscal general, y Jack Ford, integrante de la Asamblea Legislativa.
