Nuevo pedido de CFK a la Justicia: quiere que la visiten "amigos, amigas, compañeros y compañeras"

Según el recurso presentado por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, se impugna el punto III.c) de la resolución del 17 de junio, que ordena que solo podrán acceder al domicilio familiares, personal médico, custodios y abogados previamente informados. Cualquier otra persona deberá contar con autorización expresa del tribunal. Los letrados solicitaron que se revoque esa medida por “falta de fundamento normativo” y “violación al principio de legalidad”.

Asimismo, en caso de que no se admita la reposición, se dejó interpuesto recurso de casación, y se realizaron reservas para recurrir eventualmente ante la Corte Suprema y organismos internacionales de derechos humanos. La defensa sostiene que la resolución cuestionada lesiona derechos constitucionales y afecta garantías fundamentales.

Argumentos de la defensa

En el escrito, los abogados afirman que la prisión domiciliaria no habilita a imponer reglas de conducta adicionales más allá de la restricción ambulatoria. “La normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales”, señala el texto, y critica que el tribunal haya apelado a una “interpretación analógica” de figuras como la probation o la condena condicional, que no resultan aplicables.

El planteo también objeta la falta de justificación concreta de la medida: “No se indica, siquiera de manera aproximada, cuál es el propósito que se busca al disponer esta regla”, expresa. Además, se advierte que no hay criterios claros sobre cómo se evaluarán las solicitudes de ingreso de personas no incluidas en el listado.

Por otra parte, se cuestiona que no se contemplaron supuestos relevantes como contadores, apoderados, peritos y asesores. “En estos casos, la aplicación de las limitaciones impuestas tampoco encuentra fundamento normativo y resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social”, agregan.