Además, pidieron cambios al artículo 12, que buscaba penar con prisión de uno a seis meses a “la persona que, cuando se desarrollen partidos, ofreciere servicios de cuidado de vehículos sin autorización, con pago a voluntad”. O sea, expulsar a los trapitos.
El dictamen firmado en el plenario de comisiones redujo las penas y estableció que todos esos delitos son excarcelables, pero no alcanzó: oficialismo y oposición pidieron más tiempo para consensuar el proyecto.
