Negar el terrorismo de estado y el genocidio de la dictadura cívico militar debiera ser considerado una conducta punible y reprochable. Sobretodo si esas declaraciones negacionistas se utilizan para fomentar el odio y perturbar la paz pública.

Negar el terrorismo de estado y el genocidio de la dictadura cívico militar debiera ser considerado una conducta punible y reprochable. Sobretodo si esas declaraciones negacionistas se utilizan para fomentar el odio y perturbar la paz pública.
Desde hace años, así sucede en varios países de la Comunidad Europea. El propio Parlamento alemán decidió endurecer el derecho penal sobre el tema. Desde entonces, la aprobación o la negación de los crímenes de guerra y los genocidios están tipificadas en el nuevo párrafo 5° del artículo 130, sobre el delito de "incitación al odio".
En Argentina no sucede eso y cada vez son más las voces que se alzan en ese sentido.
Incluso, por primera vez en la historia hay voces negacionistas institucionalizadas en el parlamento nacional.
En las últimas horas y en el marco de una Feria del Libro signada por el 40º aniversario de la recuperación de la democracia, la Fundación El libro suspendió una mesa redonda en la que planeaban presentar un libro que defiende el "mito de los desaparecidos", en un claro gesto negacionista de los crímenes perpetrados durante la última dictadura cívico militar.
En ese marco, el grupo negacionista planeaba presentar "La estafa de los desaparecidos: mentiras y millones" de José D’Angelo, quien se presenta como militar retirado.
Cuando se conocieron los detalles de la actividad y por pedido de varios referentes en Derechos Humanos, los organizadores de la Feria decidieron que (entre las más de 1.500 actividades) “no habrá lugar para una que se nieguen los crímenes de las dictaduras argentina y uruguaya ni que reivindique a los represores como presos políticos”.
Por redes sociales también convocaron a una mesa redonda sobre los derechos humanos y el Estado de derecho en los países del Río de La Plata. El evento estaba pautado para el 4 de mayo a las 19.30. La convocatoria era en nombre de la “Unión de Promociones”, que se creó en 2005 en la víspera de la reapertura de los juicios.
Mientras se gestaba esta fallida actividad en la Feria del Libro, se conmemoraba un acto del Ejército por el Día del arma de Caballería en el Campo de Polo. Fue ahí donde el general retirado Rodrigo Alejandro Soloaga tuvo su minuto de fama con una reivindicación de sus camaradas presos por delitos de lesa humanidad.
El militar tomó el micrófono y dijo que era una fecha "para recordar a todos los camaradas de Caballería que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país y expresarles nuestro permanente y renovado acompañamiento en estas circunstancias que les toca enfrentar y que llevan con estoicismo".
"Solo me queda hacerle llegar nuestro permanente apoyo espiritual y el deseo que prontamente puedan encontrarse con sus familiares y demás seres queridos", agregó Soloaga.
A las pocas horas el ministro de Defensa, Jorge Taiana, ordenó su remoción por apología del terrorismo de Estado.
Según el expediente, al que tuvo acceso A24.com, "los dichos de Soloaga referidos contrarían no sólo un amplísimo consenso nacional que sostiene las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado Nacional viene llevando a cabo desde el año 2003", sino también "las decisiones adoptadas en reiteradas oportunidades por el Poder Legislativo y las altas autoridades de la Justicia Nacional".
Además, el documento sostiene que Soloaga también violó el artículo 1° del Código de Disciplina Militar, que señala que "todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional”•