El Consejo Nacional del PJ había dispuesto la intervención el 24 de febrero pasado, desplazando a Esteban Amat Lacroix de la presidencia partidaria y designando a Sergio Berni y María Luz Alonso como interventores. Según la resolución judicial, esa decisión careció de competencia legal, ya que solo el Congreso Nacional del partido puede adoptar tal medida.
Peronismo
Revés para CFK: la Justicia anuló la intervención del PJ salteño y adujo "falta de competencia legal"
La jueza federal María Romilda Servini declaró la nulidad de la intervención del Partido Justicialista de Salta, al considerar que la medida fue "arbitraria y sin respaldo jurídico".
La noticia es un revés para la titular del partido nacional, Cristina Kirchner, que dispuso medidas de ese tipo denunciando la supuesta connivencia entre sectores del peronismo en algunas provincias con el Gobierno nacional. Entre las provincias afectadas se encuentran Salta, Misiones y Jujuy.
El fallo judicial solo focaliza en Salta. "No se advierte en el análisis hecho por el Consejo Nacional Federal la existencia de anormalidades institucionales ni incumplimientos legales que justifiquen una intervención", afirmó la jueza Servini en su dictamen. Además, señaló que no hay evidencia de conflictos internos en el PJ salteño que avalen la decisión adoptada desde Buenos Aires.
La medida judicial restituye en sus cargos a las autoridades elegidas en 2023, entre ellas Amat Lacroix, para el periodo 2023-2027, y ordena comunicar la decisión al Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia de Salta.
Los argumentos
En sus alegatos, los representantes del PJ salteño defendieron la legalidad y legitimidad de su gestión, iniciada el 10 de abril de 2023. Alegaron haber cumplido con las leyes nacionales y las cartas orgánicas partidarias, manteniendo una gestión ordenada y con actividad política constante.
Se destacó la realización de reuniones periódicas del Consejo Provincial y del Congreso, con amplia participación de representantes de todos los departamentos salteños. También se subrayó la inexistencia de motivos jurídicos que justifiquen una intervención.
Los alegatos apuntaron que "la intervención tuvo motivaciones políticas", señalando que buscaba presionar a las autoridades salteñas por su respaldo a una lista opositora en el ámbito nacional. También denunciaron un intento de controlar los partidos distritales para manipular alianzas y candidaturas.
La jueza ordenó que el fallo sea informado al juzgado electoral de Salta, para garantizar la restitución plena de las autoridades desplazadas de forma ilegítima.
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