Finalmente, tal como se preveía, la Corte Suprema declaró inconstitucional el índice que utiliza la Anses para calcular jubilaciones. Con cuatro votos a favor y solo uno en contra –el del presidente Carlos Rosenkrantz-, el máximo tribunal le dio el visto bueno al reclamo planteado por el jubilado Luis Orlando Blanco y le solicitó al Congreso un índice para actualizar haberes. Hasta que ello ocurra, la actualización se hará por aplicación del ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción) a las causas pendientes de resolución.
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Revés para el Gobierno: la Corte falló a favor de los jubilados y declaró inconstitucional el modo de calcular los haberes
Mientras Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti votaron a favor del recurso presentado por Blanco, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
La Corte declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de Anses N° 56/2018 y de la Secretaría de Seguridad Social N° 1/2018 que cambiaban el índice ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción) por la variación del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), y decidió comunicar al Congreso el contenido de la sentencia a fin de que, en un plazo razonable, fije el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial.
Maqueda, Lorenzetti y Rosatti confirmaron la aplicación del precedente “Elliff” de 2009, que estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928 que la Anses había fijado en su resolución 140/95.
Maqueda, Lorenzetti y Rosatti confirmaron la aplicación del precedente “Elliff” de 2009, que estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928 que la Anses había fijado en su resolución 140/95.
Highton, en tanto, en un voto concurrente con la mayoría, consideró que tanto la resolución de Anses N° 56/2018, como la de la secretaría de Seguridad Social N°1/2018, habían sido dictadas por dichos organismos sin tener la competencia para hacerlo.
Rosenkrantz, en cambio, consideró que la atribución de fijar el índice de actualización no es privativa del Poder Legislativo y que podía ejercerla el Poder Ejecutivo a través de la ANSES y la Secretaría de Seguridad Social.
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