El gobernador santafesino encabezó el inicio de los controles antidroga obligatorios a policías, penitenciarios y funcionarios políticos. Los tests serán periódicos, externos y sin aviso previo.
La provincia de Santa Fe implementó un nuevo programa de narcotest para policías impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. La medida alcanza a integrantes de las fuerzas de seguridad, personal penitenciario y autoridades políticas, con pruebas periódicas, sorpresivas y obligatorias. La nueva medida fue presentada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien se sometió él mismo al narco test. El resultado se conoció al instante.
El análisis, que se realiza mediante un hisopado bucal, permite detectar seis tipos de sustancias: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas.
Pullaro aseguró que la decisión busca reforzar la calidad y la transparencia de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. “Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina: la mejor Policía, la mejor Agencia de Investigación Criminal y el mejor Servicio Penitenciario. Para eso no alcanza con invertir en infraestructura o equipamiento; también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de brindar ese servicio”, declaró el mandatario.
El resultado del test dio negativo, según confirmaron las autoridades presentes. Durante la mañana se realizaron aproximadamente 30 pruebas a integrantes de las fuerzas.
“Actuamos con ejemplaridad: fuimos los primeros en someternos a la prueba”, afirmó Pullaro. “Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo; lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”, agregó.
Según informó el Ministerio, los narcotests serán realizados por laboratorios externos a través de un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología. Los resultados se entregarán en sobres cerrados a los superiores jerárquicos, con una cadena de comunicación que finaliza en el gobernador.
El ministro de Seguridad Cococcioni detalló que los controles no serán anunciados previamente y que el personal convocado deberá presentarse de manera obligatoria e inmediata. “Se elabora una muestra de personal para evitar que el orden sea predecible. La inasistencia acarrea sanciones disciplinarias y una pérdida de confianza, lo cual incide directamente en la asignación de responsabilidades jerárquicas”, explicó.
Además, la resolución firmada por el propio Cococcioni incorpora el examen como requisito en los procesos de ingreso y ascenso dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. “Si se detecta un consumo problemático se priorizará la atención desde la salud; pero si la persona cumple funciones sensibles o de mando, podrá ser apartada de ese cargo”, afirmó.
El gobernador recordó que esta política ya había sido implementada durante su gestión como ministro de Seguridad en 2017. “Entendemos que el consumo de estupefacientes no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, sino que atraviesa a distintos sectores de la sociedad”, expresó.
