Patricia Bullrich no podrá ser querellante en la causa que investiga extorsiones de los dirigentes sociales a los beneficiarios de los planes. Así lo determinó el juez federal Sebastián Casanello que interviene en la causa.
El juez falló en contra de la ministra de Seguridad porque entiende que la Justicia necesita del Ministerio para investigar los casos denunciados en la línea 134.
Patricia Bullrich no podrá ser querellante en la causa que investiga extorsiones de los dirigentes sociales a los beneficiarios de los planes. Así lo determinó el juez federal Sebastián Casanello que interviene en la causa.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad luego de una investigación que se inició por las llamadas recibidas a la línea 134, con acusaciones anónimas y otras hechas por personas que se identificaron, quienes manifestaron que los amenazaban con perder las asignaciones y planes.
Casanello sostuvo que el Ministerio, como auxiliar del fiscal, ocupa en la investigación “un lugar sumamente importante pero incompatible con el rol de litigante pretendido”. Y afirmó: “No es parte. Es, por ley y diseño institucional, el brazo ejecutor de las órdenes de los jueces y fiscales”.
Por lo tanto, la intención de Patricia Bullrich, que pretendía desempeñarse como querellante en la causa que investiga extorsiones por parte de dirigentes sociales a personas que cobran asignaciones y planes sociales, quedó inconclusa.
Las modalidades denunciadas consisten en ofrecer subsidios a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, obligándolos a asistir a estas a los actos, como la del 22 de diciembre de 2023, bajo la advertencia expresa de “dar de baja al Plan Potenciar” o de cobrarles una suma de dinero fija o mensual como “castigo” por no asistir, entre otras situaciones similares.
En consecuencia, argumentando el conflicto de interés que genera tener a un organismo utilizado por la propia justicia para la investigación, el magistrado decidió que no participen como querellantes de la causa.