Este lunes se realizaron 27 allanamientos a dirigentes de distintas organizaciones sociales que fueron imputados por extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Luego de los 27 allanamientos que se realizaron este lunes en el marco de una investigación por posibles extorsiones de varios dirigentes piqueteros para que manifestantes concurran a protestas, en las últimas horas comenzaron a circular los chats que exponen un presunto sistema de castigos y pagos, por parte de las organizaciones sociales, para acceder a planes sociales y alimentos.
La causa se inició en diciembre de 2023, cuando el Gobierno habilitó la línea telefónica 134 para denunciar presiones de los piqueteros a beneficiarios con el fin de que marchen a las protestas.
De acuerdo a la investigación que encabezan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, se recibieron 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias.
En cuanto a los chats difundidos, se evidencia el mensaje del dirigente Gustavo Vásquez en el que expone que “son muy pocos los que movilizan por conciencia” y, debido a eso, determinó que la “marcha” pasase a ser “obligatoria” y contara como “movilización”.
“De ahora en más yo dejo de ser permisivo”, comentó a los participantes del chat y amenazó que si tenía que “recategorizar” a alguien, lo iba a hacer, para pasarlo a “lista de espera”.
En el ida y vuelta de las conversaciones, Vásquez también le solicitó a una de las personas que presentara una constancia del turno médico para su hija, de manera que la falta a la convocatoria quedara justificada, ante el aviso de que no iba a poder asistir.
Asimismo, en otros chats se describe el sistema de “castigos” por no cumplir con las exigencias de los dirigentes, que no solo incluía la publicación de “listas de castigados” o “sancionados”, sino que también se les daba la posibilidad de “reparar” ese “castigo” a través de hacer diversas tareas.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: “compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera”, reza el hallazgo de esos mensajes.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los imputados, de quien el fiscal pidió la indagatoria, son Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
