Tomó por sorpresa a los jueces la media sanción de un proyecto contra las demoras en la Justicia

Qué propone el proyecto para evitar demoras en Casación

El dictamen propone incorporar un nuevo artículo al código procesal penal estableciendo que los recursos ante Casación contra las sentencias definitivas, deberán resolverse dentro de los 90 días hábiles, prorrogables por otros 20 días. Si no lo cumplen, los jueces estarían cometiendo una falta grave, que podría derivar en un juicio político por mal desempeño de sus funciones.

María Luján Rey explicó que este proyecto surgió de su propia experiencia en los Tribunales buscando justicia por las víctimas de la masacre ferroviaria: “Cuando fue la sentencia de Once, no podía entender cómo el fallo de 700 páginas, que leí en 15 días, en Casación tardaron más de dos años y medio para revisarlo”.

Asimismo, citó otro caso emblemático como Cromañón (2004), que “obtuvo el fallo de Casación en el 2015, 11 años después”.

En diálogo con A24.com, fundamentó que la sensación de las víctimas es que “duermen las causas hasta que pasan al olvido, y luego no sabemos ni en qué consisten”.

María Luján Rey agregó que “por un lado, es malo para las víctimas porque cuando no ven un horizonte se aleja el objetivo de justicia. Por el otro, es malo para los condenados, porque no terminan de resolver su situación”.

Finalmente, la diputada opinó que lo que puede molestar a los jueces es que si se retrasan, el Ministerio Público Fiscal, las defensas o las querellas, tendrán derecho a denunciarlos y se expondrán a un jury.

Qué piensan en Casación sobre el proyecto

En los tribunales de Casación estuvieron de acuerdo con la finalidad de la propuesta, pero advirtieron que debió ponerse la mirada en otras instancias del proceso. Consideraron que si se atrasaron en resolver alguna causa fue algo excepcional, “hay alguna razón, motivo o complejidad que lo explique”.

En este sentido, una de las fuentes precisó que “la mora judicial debe abordarse ajustando todas las etapas”, y puso como ejemplo a la Corte Suprema que tiene hace más de cuatro años un recurso sobre la constitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura sin responder. “Si llegara a resolver dándole la razón a la Cámara significa que el Consejo estuvo funcionando todo este tiempo de manera irregular”.

Otro de los magistrados con amplia trayectoria en el Tribunal de Alzada, remarcó que “más allá del tono amenazante, el planteo es razonable y cumplible”, eso siempre dependerá “de la conducción del tribunal, de las buenas prácticas y del control jerárquico de los jueces cuando por algún motivo se demoren en sus votos”.

También distinguió que “hay varios casos inútilmente atrasados” y puntualizó la situación de “expedientes que duran años en instrucción, sobre todo causas políticas que no cierran”. Además, describió el colapso de los Tribunales orales con más del 30% de los cargos vacantes.

Tal como se presenta el debate, María Luján Rey reconoció que “para las víctimas de un delito los tiempos de la justicia nunca cubrirán las expectativas, pero el cumplimiento de los plazos hace que sea diferente transitar el proceso en Casación, que en definitiva es el que puede otorgar el doble conforme para que se ejecuten las condenas”.

No obstante, señaló que con la nueva resolución de la Comisión bicameral de implementación del Código Procesal Penal Federal, quienes recurran a la Corte Suprema podrán evitar la cárcel por tiempo indefinido, tal como es el caso del ex ministro de Planificación Federal del kircherismo, Julio De Vido, condenado en la llamada causa Once II, pero libre hasta que los jueces supremos respondan a su recurso de queja. Por ese motivo, anticipó que el próximo paso será promover otro proyecto que fije plazos para la Corte Suprema.

En este punto, vale recordar que en 2002 una comisión de juristas destacados elaboró un informe a pedido del presidente Alberto Fernández, que busca impulsar una reforma en el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.