Tras la marcha universitaria, la Corte podría definir sobre la suspensión de la ley de financiamiento

Desde la Casa Rosada y la Procuración evitaron referirse a la inminente decisión de la Corte. De todos modos, ante la consulta de A24.com, ratificaron la postura de mantener suspendida la aplicación de la ley hasta que la Justicia lo defina o hasta que el Congreso determine de dónde saldrán los recursos para pagar los aumentos salariales.

El presidente Javier Milei había advertido que en caso de un fallo a favor de la ley, el Gobierno reducirá gastos de otras áreas para cubrir los fondos a las universidades, comprometiendo el financiamiento de obras y transferencias a las provincias o de otros programas de salud o de educación.

Cuál puede ser el destino de la ley de financiamiento universitario

La causa está "en autos" y significa que la Corte está en condiciones de analizarla y definir en cualquier momento, pero no existe un plazo legal concreto para que los jueces tomen una determinación.

El máximo tribunal puede abocarse al estudio del fondo de la cuestión o directamente rechazar el recurso extraordinario y dejar firmes los fallos de las cámaras de apelaciones previos, que les dieron la razón a los rectores.

La controversia gira en torno a la ley aprobada por el Congreso en abril de 2024, que obliga al Ejecutivo a actualizar automáticamente las partidas destinadas a las universidades según el índice de inflación dado por el INDEC.

La norma establece, además, que se deben recomponer salarios docentes y no docentes tomando en cuenta el poder adquisitivo perdido por inflación desde 2023. Del mismo modo, se deben garantizar fondos para becas, infraestructura y el funcionamiento de los servicios gratuitos que brindan los hospitales universitarios a pacientes de todo el país.

Tras los fallos favorables al Consejo Interuniversitario Nacional en primera y segunda instancia, la administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte para intentar frenar la ejecución de la ley.

En la Casa Rosada sostienen que la aplicación de algunos artículos podría generar un “grave e irreparable perjuicio” para el Estado y afectar el equilibrio fiscal, violando otras leyes como la de Administración Financiera.

Con el expediente ya elevado, la Corte puede ahora rechazar el recurso sin tratar el fondo de la cuestión (valiéndose del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) o avanzar hacia una sentencia definitiva. Según marca la normativa, no es necesario que gire el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión, aunque puede requerirla.

Si el Tribunal directamente desestima la apelación oficial, quedará firme la resolución, que obliga al Gobierno a transferir los fondos reclamados por las universidades.