Universidades, gremios y organizaciones políticas se concentraron en Plaza de Mayo para reclamar por financiamiento. El Ejecutivo tildó la marcha de "política".
Docentes y estudiantes reclamaron por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. (Foto: Reuters).
La cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada volvió a reunir este martes a rectores, docentes, estudiantes, gremios y organizaciones políticas en Plaza de Mayo para reclamar por el financiamiento del sector.
Ante una convocatoria masiva que incluyó al movimiento estudiantil, docentes, gremios y organizaciones políticas y sociales, el Gobierno aplicó el protocolo antipiquetes para así garantizar la circulación vehicular en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Además, desde el Ministerio de Capital Humano consideraron a la marcha como "política".
La movilización tuvo su acto principal a las 17, con la lectura de un documento crítico hacia el Gobierno nacional y se replicó en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca. Los docentes y estudiantes marcharon bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.
Según el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, en todo el país la movilización convocó a 1.500.000 de personas. Mientras que desde el Gobierno indicaron que hubo 150.000 personas en Plaza de Mayo.
Siete representantes de los gremios docentes y no docentes estuvieron a cargo del acto central. Participaron referentes de Conadu, Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Federación de Asociaciones de Docentes de la UTN (Fagdut), la Unión de Docentes Universitarios (UDA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).
También estuvieron presentes autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entre ellas el vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, y el presidente del organismo y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. A ellos se sumaron dirigentes de la Federación Universitaria Argentina (FUA). La movilización comenzó a desconcentrarse cerca de las 18.30, una vez finalizados los discursos.
"La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente", leyeron los organizadores del evento desde el escenario.
Además, agregaron que las "transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45.6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario".
"El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso de recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema", indicaron.
Además, sostuvieron que la comunidad universitaria "asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional".
Asimismo, advirtieron sobre el impacto de la política salarial vigente, a la que atribuyen el cierre de las paritarias y un deterioro del poder adquisitivo. Según el comunicado, esto derivó en un empeoramiento de las condiciones de trabajo, aumento del pluriempleo, renuncias de personal formado, reducción de dedicaciones y tensiones en las obras sociales. En ese contexto, afirmaron que los salarios del sector no alcanzan para cubrir las necesidades básicas ni llegar a fin de mes.
Y agregaron que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 293,30%, mientras que los salarios registraron un incremento del 147,30%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo cercana al 37,13%.
Según el comunicado, ese deterioro equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período analizado. Y aseguraron que los haberes universitarios se ubican en su nivel más bajo de los últimos 23 años y entre los más bajos desde el retorno de la democracia, además de ubicarse como los peores dentro del Estado nacional y de América Latina.
En paralelo, el texto hizo hincapié en que el sistema de apoyo al acceso, permanencia y egreso de estudiantes atraviesa un fuerte deterioro. Y advirtieron que esto debilita una política pública clave para garantizar el derecho a la educación superior. Las Becas Progresar, ejemplificaron, permanecen congeladas frente al avance inflacionario, lo que reduce su capacidad de acompañamiento económico.
También señalaron que las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan un escenario de incertidumbre y desfinanciamiento, con impacto en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
Según el comunicado, esta situación contribuye a la expulsión de estudiantes del sistema universitario, profundiza desigualdades sociales y pone en riesgo la continuidad de trayectorias educativas. A esto suman que las becas vinculadas a las vocaciones científicas, las EVC, que se encuentran suspendidas.
En relación al financiamiento institucional, advirtieron que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades no superó en ningún mes de la actual gestión el 64% del nivel de enero de 2023. En esa línea, sostuvieron que durante el período de Gobierno se perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias, lo que profundiza las dificultades operativas del sistema.
Por último, el comunicado aseguró que la crisis no es solo presupuestaria y plantea la existencia de una ruptura del acuerdo democrático de división de poderes.
Según el texto, el Poder Ejecutivo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada por el Congreso Nacional, y también incumple fallos judiciales que ordenan su aplicación. En ese sentido, afirman que la falta de cumplimiento de leyes y sentencias afecta no solo el financiamiento universitario, sino también el funcionamiento del sistema republicano y el contrato social.