Solicitan que presenten la nómina de los agentes involucrados en la represión. Alerta en la Policía Federal, de la Ciudad, Prefectura y Gendarmería. ¿Qué puede pasar en adelante?
El fiscal federal Franco Picardi le ordenó al Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich, y al de CABA, cuyo titular es Waldo Wolf, que con carácter de “urgente” informen quiénes fueron los responsables del operativo montado en torno a la marcha de protesta frente al Congreso por la Ley Bases el 12 de junio pasado.
Picardi unificó media docena de denuncias por los episodios de violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad y reclamó que ambos ministerios indiquen los nombres, rangos y funciones de todos los efectivos (Policía Federal, de la Ciudad, Prefectura y Gendarmería) que intervinieron en la represión.
“La plataforma fáctica de estas actuaciones engloba un conjunto de hechos que tienen como patrones en común, en principio, diversas violencias físicas que habrían sufrido civiles, en función del desempeño de las fuerzas de seguridad federales y de la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo el fiscal.
Al Ministerio de Seguridad de la Nación el fiscal le exigió “la remisión -con carácter urgente- de la nómina de autoridades a cargo del operativo, indicando: nombre, apellido, DNI, rango jerárquico y área de pertenencia funcional, como así también, franjas horarias de servicio durante ese día, funciones asignadas y nómina de personal a cargo o bajo su orden de mando, indicándose en cada caso si el personal actuante utilizó vestimenta civil y/o uniforme identificatorio”.
Lo mismo ordenó respecto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
Picardi quiere conocer la “nómina de autoridades a cargo del operativo de la Policía Federal Argentina; de la Prefectura Naval Argentina; y, de la Gendarmería Nacional Argentina, con indicación de tipo de vehículo y patente; armamentos y armas menos letales provistas".
El requerimiento incluye “los registros disponibles de canal radioeléctrico o frecuencia radial de comunicaciones de las fuerzas del día de los hechos”. Según el documento, “el Gobierno Nacional desplegó un amplio operativo en el que participaron diversas fuerzas de seguridad federales y también efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Las denuncias acumuladas a esta causa hacen referencia a que, durante aquella jornada, las fuerzas de seguridad actuantes hicieron un uso abusivo de la fuerza pública contra las personas. Esas situaciones fueron objeto de cobertura periodística por la prensa gráfica y por los medios de comunicación audiovisual que transmitieron en vivo durante todo el día”, añade el dictamen del fiscal.
Picardi llamó a declarar en calidad de testigos, en tanto víctimas del accionar de las fuerzas de seguridad, a los diputados Carlos Castagneto, Inés Carolina Yutrovic, Eduardo Valdés, Juan Manuel Pedrini, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Gabriela Pedrali, Ernesto Nader Ali, Gustavo Fernández Patri y Leopoldo Moreau.
Todos ellos sufrieron los efectos de los gases corrosivos arrojados por las fuerzas de seguridad a unos 50 metros del Congreso.
El fiscal también llamó a testimonial a Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura; a Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, co-presidentes de la Comisión Provincial por la Memoria, y a los principales referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los denunciantes e impulsores del expediente.
Precisamente el CELS puso en conocimiento de lo ocurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“El operativo se caracterizó por el uso abusivo de armas menos letales (irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma, camiones hidrantes, que ocasionaron lesiones en los manifestantes), detenciones arbitrarias y ataques contra trabajadores de prensa”.
El fiscal solicitó informes sobre atención a heridos al SAME, al Hospital del Quemado y al oftalmológico Santa Lucía, así como “las cámaras de la Policía Federal y del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad a los fines de individualizar las cámaras de seguridad instaladas por el Ministerio de Seguridad de la Nación y por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para secuestrar “los registros fílmicos del día 12 de junio de 2024 desde las 9 hasta las 23”.
Finalmente, dispuso establecer si el café bar Changüí -ubicado en calle Bernardo de Irigoyen 158- tiene cámaras de seguridad y -en ese caso- obtener sus registros del día de la protesta.
