Nuevo Gobierno

Un sindicalista histórico de la CGT confirmó la adhesión de su gremio a un punto clave de la reforma laboral

El proyecto de la Ley de Ómnibus que propone Javier Milei establece cambios en relación a los despidos, indemnizaciones y formas de contratación, entre otros puntos.
Armando Cavalieri junto a la ministra de Capital Humano

Armando Cavalieri junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Omar Yasín (Foto: Red social "X"  Sandra Pettovello)

En el marco del proyecto de ley ómnibus del Gobierno de Javier Milei y en el mismo día que la CGT encabezó una marcha en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, expresó este miércoles su "adhesión" al nuevo sistema de indemnizaciones y dijo que será adoptado por su sindicato.

El apoyo de uno de los históricos "gordos" de la CGT fue informado por el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovello, quien se reunió el gremialista. Omar Yasin, secretario de Trabajo, también estuvo presente.

"El gremialista expresó su adhesión a la figura 'Fondo de Cese', incluida en el DNU 70, que establece un sistema de cobro de indemnización inmediato y justo, a fin de poder hacer frente a futuros despidos. Una promesa de campaña de Javier Milei que hoy es realidad", indicó Petovello en su cuenta oficial de la red X.

Añadió que el gremialista comunicó a los funcionarios que, durante enero, en la apertura de paritarias, "incluirá el 'Fondo de Cese' que elaborará junto con las cámaras empresariales afines".

Cavalieri fue reelecto este año al superar a su opositor Ramón Muerza en las elecciones del Sindicato de Comercio de Capital Federal e inició su décimo mandato consecutivo, que lo mantendrá hasta 2026 al frente de uno de los principales gremios del país. También mantuvo la titularidad de la FAECyS.

En qué consiste el "Fondo de Cese Laboral" que propone Javier Milei

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Javier Milei avanza con sus paquete de propuestas  (Foto: archivo).

Javier Milei avanza con sus paquete de propuestas (Foto: archivo).

Según consta en el DNU, "mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable".

El decreto, además, incorpora la posibilidad de que los empleadores opten por "contratar un sistema de capitalización a su costo, a fin de solventar la indemnización".

Qué propone la Ley Ómnibus sobre la reforma laboral

Modificaciones al Código Civil y Comercial: se proponen cambios en el Código Civil y Comercial respecto de la responsabilidad en los contratos. Se establece que las partes son independientes y que no existe relación laboral entre ellas, afectando así la relación entre franquiciantes y franquiciados, y sus dependientes.

Promoción de la Reinserción Laboral de Agentes Públicos: se establece un régimen de promoción para la reinserción laboral privada de agentes públicos. Este incluye la exención de cargas sociales durante un período limitado para la contratación de estos agentes en situación de disponibilidad.

Regularización de Relaciones Laborales en el Sector Privado: los empleadores tendrán la oportunidad de regularizar relaciones laborales existentes en el sector privado, incluyendo aquellas no registradas o deficientemente registradas. El Poder Ejecutivo definirá los efectos de esta regularización, que pueden incluir la extinción de acciones penales y la condonación de infracciones y multas.

Fondo de Reconversión Laboral: tiene como objetivo capacitar y asistir técnicamente en programas de autoempleo y formas asociativas solidarias a los agentes civiles, militares y de seguridad cuyos cargos sean eliminados como parte de las medidas del proyecto.

Declaración de Emergencia Pública: la propuesta legislativa declara una emergencia pública en diversos ámbitos, incluyendo económico, financiero, fiscal, de seguridad, entre otros, hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prorrogación por el Poder Ejecutivo Nacional.