En conferencia de prensa, Bullrich sostuvo que en los últimos cuatro años "los agentes han arriesgado la vida de una manera llegando al límite. La fuerza estaba en una situación desventajosa en el patrullaje de ríos de frontera”.
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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (Foto: archivo).
El reglamento indica que “se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", en los siguientes casos específicos que el protocolo enumera.
- En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.
- Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.
- Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad.
- Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.
Ni bien se presentó, varias voces se alzaron para oponerse. “Lo que propone el protocolo Bullrich es ir contra la Justicia", denunció Sabina Frederic, exministra de Seguridad. “De esta manera se elimina el papel del Poder Judicial, cuando en realidad la policía debe ser auxiliar de la justicia, no decidir qué es delito y qué no”.
“Cuando esta resolución habilita al policía a disparar cuando una persona se fugó, lo que está haciendo es asignándole a la policía la suma del poder público”, añadió.
El restablecimiento del protocolo fue también cuestionado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Desde este espacio le expresaron a A24.com su preocupación: “Estamos frente a una norma que posibilita a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas”.
Las estadísticas de casos de “gatillo fácil” van en el mismo sentido. Luego de la derogación del “protocolo Chocobar” en 2019, la cifra de asesinatos en estas condiciones cayeron.