El envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones por invalidez abrió un frente de debate político, social y económico en todo el país. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional bajo el nombre de “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, propone una transformación profunda del esquema vigente, con cambios que impactan directamente en miles de beneficiarios.
El envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones por invalidez abrió un frente de debate político, social y económico en todo el país. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional bajo el nombre de “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, propone una transformación profunda del esquema vigente, con cambios que impactan directamente en miles de beneficiarios.
La propuesta no solo apunta a endurecer los controles, sino también a redefinir los criterios de acceso, permanencia y compatibilidad de los beneficios. En ese marco, distintos sectores ya comenzaron a advertir sobre el alcance de las modificaciones y sus posibles consecuencias.
El proyecto plantea una revisión estructural de la Ley de Emergencia en Discapacidad, con la derogación de artículos clave que hasta ahora garantizaban principios de universalidad y protección social. Entre ellos, se encuentran los artículos 5, 8, 9, 14 y 20, considerados pilares del esquema vigente.
De avanzar en el Congreso, la normativa implicaría un retroceso hacia modelos anteriores, previos a la sanción de la Ley 27.793, que había ampliado derechos y mejorado el acceso a prestaciones para personas con discapacidad.
Según los fundamentos oficiales, el objetivo es ordenar el sistema y evitar irregularidades, pero especialistas advierten que la medida podría restringir el alcance del beneficio y dejar fuera a sectores vulnerables que actualmente están cubiertos.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez.
Esto implicará que cada beneficiario deba volver a presentar documentación médica, socioeconómica y laboral, incluso si ya había sido evaluado previamente por el sistema.
El nuevo esquema establece que:
Aunque el texto contempla el derecho a defensa, introduce un cambio sustancial: la carga de la prueba recaerá en el beneficiario, quien deberá demostrar que cumple con los requisitos.
Este aspecto genera preocupación en organizaciones sociales, ya que podría dificultar el acceso a la defensa para personas en situación de vulnerabilidad.
El proyecto también impulsa un sistema de fiscalización más riguroso, basado en el cruce de datos entre distintos organismos del Estado.
Entre ellos se incluyen:
La intención es detectar posibles inconsistencias tanto en las solicitudes como en los beneficios ya otorgados.
Desde el Gobierno sostienen que esta medida permitirá reducir el fraude y optimizar el uso de recursos públicos. Sin embargo, críticos del proyecto señalan que un control excesivo podría derivar en errores administrativos o exclusiones injustificadas.
Otro de los ejes de la iniciativa es la modificación en el cálculo del haber. El nuevo esquema establece que la pensión por invalidez será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
A primera vista, esto implica una referencia clara y previsible. No obstante, el proyecto introduce una limitación importante: elimina la posibilidad de otorgar aumentos adicionales en situaciones particulares.
Entre los casos afectados se encuentran:
Esto supone una pérdida de flexibilidad en el sistema, que hasta ahora permitía ajustar los montos según condiciones específicas.
La reforma no se limita a las pensiones. También impacta en el sistema de prestaciones vinculadas a la discapacidad.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del piso mínimo de aranceles homogéneos, lo que modifica la estructura de financiamiento.
Además, se habilita la firma de convenios entre:
Esto implica, en la práctica, una descentralización del sistema y la desaparición del nomenclador nacional, lo que podría generar diferencias en la calidad y el acceso a las prestaciones según la región.
En cuanto a los aranceles, el proyecto establece que las prestaciones se actualizarán de forma trimestral, o bien mediante el índice de inflación (IPC) en caso de retrasos.
También se incorpora una compensación de emergencia para prestadores, vinculada a la evolución de los precios.
Sin embargo, el punto que genera mayor incertidumbre es que no se fija un piso mínimo garantizado, lo que podría afectar la previsibilidad del sistema y la estabilidad de los servicios.
El proyecto también avanza sobre los mecanismos de incentivo a empresas que contratan personas con discapacidad.
En particular, elimina artículos vinculados a:
