El tribunal dictó el veredicto en una causa que comenzó hace 15 años y que investigó el destino de los fondos que el Estado giró para construir viviendas sociales.
José López y los hermanos Schoklender fueron condenados por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos, mientras que Julio De Vido fue absuelto. (Foto: A24).
El Tribunal Oral Federal N°5 condenó este lunes a José López, Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de más de $206 millones destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos. El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto.
López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, exsubsecretario del área, recibieron una pena de 2 años y 9 meses de prisión, mientras que Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, fueron condenados a 2 años y 8 meses.
Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg también resolvieron la situación de los otros cuatro imputados: los exfuncionarios santiagueños Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif y los exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal Claudio Freidin y Carlos Castellano. El tribunal los condenó como partícipes secundarios.
El fallo se conoció en Comodoro Py al límite del plazo de prescripción de la causa. Según había planteado la fiscalía, este martes se cumplen seis años desde el último acto interruptivo válido, por lo que las defensas habían reclamado que se extinguiera la acción penal. Sin embargo, el tribunal rechazó esos planteos.
El expediente comenzó en 2011, luego de la ruptura entre los hermanos Schoklender y Hebe de Bonafini, y llegó a juicio oral el 4 de marzo de este año.
La investigación se concentró en el destino de los fondos que el Estado nacional giró entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas y centros de salud en distintas provincias.
En total, la fundación administró casi $748,7 millones. Para la acusación, $206,4 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas con los apoderados de la organización.
Durante su alegato, el fiscal Diego Velasco sostuvo que existió un “plan criminal” coordinado desde el Estado nacional con los responsables del programa. Según la acusación, las obras eran adjudicadas directamente a la fundación, sin licitación, y desde allí parte de los fondos era derivada hacia sociedades relacionadas con los Schoklender.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que intervino como querellante, también acusó a los imputados. Su representante, Marianela Teich, describió el mecanismo investigado como una “arquitectura delictiva” vinculada con la contratación pública.
Velasco y la UIF habían solicitado la pena máxima de seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de los exfuncionarios. Para los otros cuatro imputados, considerados partícipes secundarios, la acusación había pedido cuatro años de prisión.
También reclamaron el decomiso de los $206 millones que, según la acusación, fueron desviados. El pedido contempla que ese monto sea actualizado por inflación al momento en que la condena quede firme y destinado a programas de vivienda social.
Las defensas, en cambio, pidieron la absolución de los nueve imputados y, en la mayoría de los casos, plantearon que la causa debía ser declarada prescripta.
Los abogados sostuvieron que el último acto interruptivo había sido la citación a juicio del 8 de julio de 2020 y que, desde entonces, habían transcurrido los seis años correspondientes al plazo máximo. La fiscalía sostuvo que el plazo recién vencía este martes y argumentó que el beneficio no podía alcanzar a quienes continuaron desempeñándose como funcionarios públicos.
La defensa de De Vido aseguró que el exministro no había intervenido personalmente en las maniobras, mientras que la de López cuestionó los peritajes y negó que se hubiera acreditado un acuerdo criminal entre los funcionarios y los administradores de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Hebe de Bonafini estuvo procesada en la causa hasta su muerte, en noviembre de 2022, pero nunca llegó a ser juzgada. En 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído a otros 25 imputados, entre ellos exgobernadores que habían firmado los convenios y la hija de Bonafini.
En aquella resolución, el juez había considerado que las provincias y los municipios habían tenido un rol inerte frente a la exigencia del Estado nacional de contratar a la fundación.
Durante la última audiencia, el único imputado que hizo uso de sus últimas palabras fue Sergio Schoklender. El exapoderado defendió la ejecución del programa habitacional y lanzó una ironía dirigida a Cristina Kirchner.
“No iba a sostener, como decía la loca, que la historia me va a absolver”, dijo Schoklender. De Vido, López, Fatala y Pablo Schoklender habían decidido no hablar.
Las condenas no están firmes. Las defensas anticiparon que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que el fallo todavía puede ser revisado.
Además, permanece pendiente un segundo tramo de la investigación por presunto lavado de dinero, que busca determinar la ruta que siguieron los fondos hasta llegar a las empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.
