Tras ser condenados, 5 de ellos a cadena perpetua y 3 a 15 años de prisión, los 8 rugbiers volvieron a ser trasladados a la alcaldía de Melchor Romero, donde estuvieron los últimos 3 años en la espera del juicio.
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Tras ser condenados, 5 de ellos a cadena perpetua y 3 a 15 años de prisión, los 8 rugbiers volvieron a ser trasladados a la alcaldía de Melchor Romero, donde estuvieron los últimos 3 años en la espera del juicio.
El problema es que como ya fueron juzgados por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores, los jóvenes tienen que ser enviados a otros penales, ya que ese solo es momentáneo de reos esperando sus juicios.
Y esto es lo que más preocupa a los asesinos de Fernando Báez Sosa: dónde serán enviados. Es por esto que ellos comenzaron a trazar algunas estrategias para no caer en lugares peligrosos ya que los que tienen perpetua tienen que ir sí o sí a penales de máxima seguridad.
Por ejemplo, se aferraron a la religión; comenzaron a acercarse a la fe evangelista, pidieron biblias e incluso que los visiten pastores con la intención de ser reubicados en pabellones con estas personas que suelen ser más tranquilos.
Este fin de semana los visitarán sus familias y les llevarán pertenencias y comida. Los 8 rugbiers están en celdas de a dos, alejados del resto de la población de esa alcaldía.
Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas, Luciano y Ciro Pertossi deberán pagarle una fortuna a Fernando Burlando y su equipo de abogados tras haber sido condenado por el juicio del crimen de Fernando Báez Sosa.
La Justicia determinó que los ocho condenados tienen que “abonar las costas”, es decir hacerse cargo, de los honorarios de los representantes de la familia del joven asesinado a golpes por ellos en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell.
La sentencia los jueces entonces establece que los condenados deberán abonar la suma de 80 JUS en forma solidaria a todos los cuatro abogados. Cada rugbier deberá abonar $548.320, ya que cada JUS vale $6.854.
Los ocho jóvenes condenados además tienen que hacerse cargo de abonar aparte $115.147,20 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del monto indicado y $54.832 como aportes a la caja previsional de abogados, un 10% del valor neto.
En concreto, cada uno de los condenados deberá pagar $718.326,20. Esta cifra es aparte de los honorarios que las familias establecieron con su abogado defensor, Hugo Tomei.