Sin embargo, esa hipótesis fue descartada por la Justicia. En septiembre de 2023, el juez federal Julián Ercolini resolvió sobreseer a Tapia y al resto de los imputados, al considerar que las acusaciones carecían de sustento. En esa resolución calificó el planteo impulsado por Tofoni como una "excursión de pesca", al señalar que la acusación incorporaba empresas y cuentas bancarias sin conexión entre sí, apoyándose únicamente en publicaciones periodísticas y en información imprecisa e inconsistente.
Ese fallo fue posteriormente confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal el 2 de noviembre de 2023. Más tarde, en abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por la querella, dejando firme el sobreseimiento.
Pese a esos antecedentes, la nueva denuncia sostiene que Tofoni volvió a presentar una acusación prácticamente idéntica en diciembre del año pasado, esta vez en el fuero criminal y correccional y fuera del horario habitual de atención judicial.
Para Faroni, esa secuencia de hechos permite inferir que la vía penal habría sido utilizada como una herramienta de presión en medio de la disputa comercial que mantiene con la AFA. Según expone en el escrito, la reiteración de una hipótesis ya descartada por la Justicia, la vinculación de la denuncia con reclamos económicos y los intentos de World Eleven Inc. por intervenir como querellante constituyen elementos que justifican investigar una eventual utilización indebida del proceso penal con posibles consecuencias patrimoniales y reputacionales para él y para TourProdEnter LLC.
Uno de los ejes centrales de la presentación gira en torno a la documentación bancaria obtenida por Tofoni mediante un procedimiento de discovery autorizado por el Tribunal Federal del Distrito Medio de Georgia, en Estados Unidos. Según la denuncia, esa autorización tenía un alcance limitado: la prueba solo podía emplearse dentro de una causa comercial iniciada contra la AFA.
Faroni sostiene que parte de ese material fue utilizado para respaldar denuncias penales en la Argentina, pese a que, al solicitar la asistencia judicial internacional, Tofoni habría declarado bajo juramento que la documentación sería destinada exclusivamente al expediente comercial identificado como CIV 84.904/2023.
La presentación también recuerda que, en abril de 2026, el juez federal estadounidense Clay D. Land dictó una Protective Order mediante la cual restringió el uso de esa información fuera del litigio comercial. Además, ordenó adoptar medidas para recuperar o destruir la documentación que ya hubiera sido difundida fuera de ese proceso.
De acuerdo con la denuncia, Tofoni continuó utilizando ese material en actuaciones penales argentinas y no habría informado a los fiscales sobre la existencia de esa limitación impuesta por la Justicia estadounidense.
El escrito advierte que el incumplimiento de una orden judicial de esas características podría derivar en un proceso por desacato (contempt of court) dentro del sistema judicial de Estados Unidos, figura que contempla sanciones que pueden incluir multas e, incluso, penas de prisión.
En ese contexto, Faroni solicita que se determine si Tofoni conocía la restricción judicial que pesaba sobre la documentación y desde qué momento tomó conocimiento de ella, además de establecer si, pese a esa circunstancia, continuó utilizándola en expedientes penales argentinos sin revelar esa información.
"La sola comparación entre ambas actas permite sostener, con el grado de verosimilitud propio de esta etapa, que en una y/o en otra declaración Tofoni faltó a la verdad o la calló", sostiene la denuncia.