Tras un año de vigencia

Finaliza el decreto que congelaba alquileres y prohibía desalojos

Aquellos inquilinos que mantengan deudas deberán acordar planes de pago de 12 cuotas para regularizar los contratos.
31 de mar de 2021 - 07:38
También se puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales (Foto: archivo).

También se puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales (Foto: archivo).

Finaliza este miércoles la vigencia del decreto que congelaba alquileres y prohibía desalojos, medida tomada por el Gobierno hace un año en el contexto de emergencia económica por el inicio de la pandemia. Desde ahora en adelante, los contratos podrán actualizarse y aquellos inquilinos que posean deudas tendrán hasta 12 cuotas para regularizar su situación. No obstante, se puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.

Previo a esto, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar con un desalojo.

Además, se creó esta semana el Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo, con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto. A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Por un lado se recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos. Y por el otro, se arbitrarán los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

Se establecerán, de esta manera, criterios de priorización teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

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