Los abortos de la pobreza: las historias de Elba y Elizabeth en un consultorio clandestino
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Los abortos de la pobreza: las historias de Elba y Elizabeth en un consultorio clandestino

Elba

El 13 de febrero de 2011 Elba caminó por una de las calles más transitadas de Liniers. Atravesó la puerta descascarada de Montiel 30 hasta llegar al fondo. Llegó a la unidad funcional 3, donde funcionaba un consultorio ilegal con el corazón en la mano. Pero sus miedos no la detuvieron: ella necesitaba interrumpir su embarazo de cuatro meses.

Elba se había enterado de que en ese lugar “la podían ayudar” a través de varios folletos que repartían por el centro de Liniers. Los panfletos promovían “la solución al embarazo”, “Solución rápida y segura - Atraso menstrual”. Se inclinó por uno que decía “descarte de embarazo”.

Así fue cómo llegó a Montiel 30 donde habló con Marco Antonio Escobar Sosa, alias “Vicente”, quien le ofreció dos opciones: pastillas a $1200 o tratamiento con una “doctora” a $3200. Elba optó por la segunda opción.

Después de acordar todos los “pormenores” con “Vicente", comenzó la peor parte de su historia: el aborto clandestino.

Primero “una doctora”, que se hacía llamar “Janet” y que era ayudada por su madre Miriam Torres le colocó unas pastillas en su vagina y le dio otras para que tomara. Después la mandaron a caminar durante una hora. Le colocaron un masajeador eléctrico sobre su panza y le indicaron que tenía que esperar hasta que sintiera dolor.

A las dos horas el dolor que sentía Elba era fuerte. Sin embargo, “la doctora” le revisó la vagina y todavía no había dilatado lo suficiente, por lo que le puso una inyección en la nalga y le volvieron a colocar el masajeador.

Una hora después, los dolores eran inaguantables. Entonces la “doctora” y la madre la subieron a una camilla. “La doctora” Janet se fue y su madre hizo el resto del trabajo. Le colocó el aparato en la vagina para lograr que se abriera y luego la hizo pujar como en un parto.

Elba no pudo ver si le pusieron algo más porque la taparon con una sábana. Terminado el trabajo la hicieron ir al baño para que siguiera pujando porque no se había despegado la placenta.

Las cosas no salieron bien. Las “médicas truchas” le dijeron que tenía una hemorragia y que debía ir a un hospital.

Como Elba no se animaba a ir sola la acompañó “Janet”, aunque a la policía le dijo que era Miriam Torres. Elba tuvo que ser internada por urgencia en el “Hospital Santojanni” con el aborto en curso. Los médicos del Santojanni le salvaron la vida.

Elizabeth

Unos meses más tarde, en septiembre de 2011, también en Liniers y muy cerca de allí, en la intersección de las calles Carhué e Ibarrola, Elizabeth  quiso abortar y cayó en las garras de la misma banda.

Elizabeth habló puntualmente con la “doctora Paola”, que luego fue identificada por la Justicia como Paola Esperanza Silva Magallanes. A Elizabeth le explicaron que habían tres tratamientos posibles: con pastillas ($1000), con ampollas ($1000) y raspaje ($2000).

Una vez informada, la llevaron hasta “el lugar”, que quedaba en un primer piso de la calle Carhué.

La “doctora Paola” primero le dio pastillas a cambio de la suma de $500, acordando que volviera si no le surtían efecto.  

Y eso es lo que sucedió. Entonces Elizabeth volvió y Paola le practicó un raspaje sin anestesia a cambio de $1500.

Ante sus expresiones de dolor luego de la intervención, la “doctora” le manifestó que se aguante porque si no iría a la cárcel. Elizabeth tenía tanto miedo que se fue del lugar sin decir nada.

Sin embargo, el dolor vaginal era cada vez más fuerte y tenía fiebre. Elizabeth empezó a temer por su vida y fue entonces que fue con el aborto en curso al Hospital Penna donde la dejaron internada durante un mes y, luego de varias curaciones, tuvieron que extraerle el útero para salvarle la vida.

Cuando se recuperó, Elizabeth volvió al lugar de los hechos pero ya estaba vacío. Sin embargo, a través de una mujer que trabajaba para Paola llegó a un lugar ubicado en la calle Carhué, entre Falcón y Rivadavia, dto. 2 “a”, donde funcionaba un consultorio médico y la atendió Paola.

Después de negarle que ella le hubiera hecho eso “porque los tratamientos siempre le salían bien”, accedió a darle la suma de mil pesos y se comprometió a darle otros mil a la semana siguiente.

La banda

La Justicia determinó que Elba y Elizabeth, como tantas otras mujeres, fueron víctimas de una banda dedicada a hacer abortos clandestinos en Liniers.

Según el fallo del Tribunal Oral Federal N 6, que condenó a seis personas por asociación ilícita, los abortos se hacían en domicilios que no estaban habilitados como consultorios médicos ni cumplían con las condiciones mínimas de higiene y seguridad hospitalaria. Para ello, entre agosto de 2009 y octubre de 2012 ejercieron ilegalmente la medicina y comercializaron medicamentos sin contar la autorización correspondiente.

Los jueces Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino consideraron adecuada la pena acordada entre las partes, que fue de cinco años para Mario Antonio Escobar Sosa, identificado como el líder de la organización y sobre el que se probó un hecho, y de tres años de ejecución condicional para Martina Iris Pachezo Apaza, Tamara Jessica Ibáñez, José Luis Dameno, Carlos Martín Sánchez García y Rafael Quispe Lima.

El único que fue preso fue Escobar Sosa, el líder de la banda.

Estas dos historias forman parte de un panorama triste y preocupante.

En la Argentina, según estimó el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, se practican 354.627 abortos por año.

Las mujeres van a seguir abortando, grupos y redes personales van a seguir subsanando la ausencia del Estado. Y la suerte de las mujeres dependerá del poder adquisitivo de cada una.

El aborto clandestino es una práctica ilegal que continúa a lo largo del tiempo; es constante, aunque no siempre visible.

Elba y Elizabeth sufrieron mucho pero sobrevivieron. Otras mujeres en la Argentina siguen muriendo.

Más allá de algunos prejuicios morales hay que comprender algunas dinámicas que  permiten entender cómo funcionan algunos espacios que parecen separados.

Este caso nos muestra la relación entre dos lugares bien precisos. La salud pública que no llega a todos por igual.

Por otro lado, como sobre una decisión tan personal de algunas mujeres que no es reconocida por el Estado, nació un negocio: la industria del aborto clandestino para mujeres vulnerables. El resultado, de acuerdo a los hechos, es obvio: muerte, dolor y explotación ilegal de un estado de necesidad.

Es cierto que en el debate sobre la chance de penalizar el aborto se mezclan valores, ideas, visiones del mundo y aspectos teológicos. Pero los legisladores tienen una responsabilidad mayor. Ellos deben legislar para una sociedad en concreto y no para una sociedad en abstracto.

Una sociedad concreta está atravesada por algunas prácticas informalmente institucionalizadas. Ellos no pueden olvidar, entonces, que los hechos preceden al derecho. A veces nuestro congreso se olvida de ello y elabora normas que no tienen nada que ver con nuestra realidad, con la secreta esperanza de que la ley en sí misma cambie la realidad. Es precisamente al revés.