Estudios, equipos y las obras sociales
Si bien el proyecto contempla que todo el sistema de salud y las obras sociales están obligados a prestar acceso a la interrupción legal de embarazo a quienes cursen un embarazo hasta la semana 14, en la práctica aún no logra implementarse al 100%, ya que no hay "equipos para hacerlo", según relató la referente de la Red de profesionales de Mendoza.
"Se sostienen dificultades en los accesos a los estudios, ecografías y análisis de laboratorio. Son dos grandes limitaciones que tenemos en todo el territorio, no hay ecógrafos y no hay laboratorios para atender en el plazo de los diez días que plantear la Ley", insistió.
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La Marea Verde, el 30 de diciembre de 2020 en el Congreso.
La Marea Verde, el 30 de diciembre de 2020 en el Congreso.
En otro de los puntos, Dik reconoció que hay distribución del misoprostol, el producto que permite realizar un aborto farmacológico. Sin embargo, exigió que se apruebe "el uso de la mifepristona, medicamento exclusivo para poder interrumpir embarazos de manera más segura".
Celeste McDougall, referente de la Campaña Nacional, en diálogo con A24.com, se sumó al reclamo por el mifepristona para que sea reconocida por la ANMAT y agregó: "Estamos pidiendo que haya AMEU y que estén los dispositivos, además de capacitar a los profesionales, para que las mujeres puedan decidir cómo abortar".
A pesar de las dificultades y las resistencias, McDougall hizo hincapié en el cambio que significó la ley para las personas gestantes: "Voluntariamente y sin ninguna razón una mujer o una persona con capacidad de gestar puede acceder a un aborto. Cambió la garantía de derecho".