Por su parte, la pobreza multidimensional identifica carencias a nivel de hogares y personas en salud, educación y nivel de vida. Refleja tanto la prevalencia de las carencias como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo. Las diferentes dimensiones son indicadores no monetarios: educación, disponibilidad servicios médicos, expectativa de vida, acceso comida nutritiva, seguridad abastecimiento agua y complementos en la niñez.
Ahora bien, ¿cómo explicar que existen estas situaciones en la Argentina? Hay por lo menos cuatro factores que deben ser analizados para realizar un abordaje integral desde las políticas públicas. Y tal vez, algunas respuestas de abordaje que pueden orientar las políticas públicas.
Zonas/territorios aislados y poco accesibles
Geográficamente las comunidades wichis se encuentran a mucha distancia de centros urbanos con servicios básicos. Enfrentan en mayor medida la exclusión y la escasez o inexistencia de equipamiento indispensable para el bienestar y el desarrollo.
Falta de políticas de reconocimiento de las comunidades Indígenas
La Argentina como estado parte de la comunidad internacional y regional ha adoptado con rango constitucional los tratados y convenciones de derechos humanos y ha ratificado en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
También ha adecuado su legislación nacional, sancionando la ley N° 23.302 de políticas indígenas y apoyo a las comunidades; creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; impulso de planes de educación, salud y vivienda, y adjudicación de tierras.
Sin embargo, la brecha entre las obligaciones normativas y la realidad concreta de la garantía y protección de derechos humanos de las comunidades indígenas es abismal. En el caso de las comunidades wichis, estos niveles de inclusión implican la falta de garantía de derechos y su vulnerabilidad extrema en cuanto al derecho a la existencia, a la vida digna, a derechos básicos (alimentación, agua, salud) y al acceso a la justicia.
El abandono y ausencia permanente del Estado
No hay presencia del gobierno nacional y provincial, ni de las agencias especializadas estatales en los territorios y poblados donde habitan las comunidades wichi. Más allá de que se han desplegado algunos programas temporales y algunos servicios esenciales, los organismos estatales se hacen presentes esporádica y temporalmente.
No se implementan políticas públicas integrales que den respuesta a problemas estructurales, y tampoco se trabaja de manera participativa con las comunidades aplicando la consulta previa. Este mecanismo permite escuchar las necesidades de las comunidades, pero no está legislado aún en la Argentina a pesar de que como ya mencionamos nuestro país ratifico el Convenio 169.
La respuesta sintomática del Estado
Ante las situaciones coyunturales se aplican mecanismos de declaración de emergencias. Se despliegan operativos ad-hoc para estabilizar y remediar la situación en el corto plazo. Se despliegan acciones solidarias. E inclusive se utilizan estrategias mediáticas para mostrar estas acciones. Pero los problemas de pobreza crónica y multidimensional severa, como el caso de las comunidades wichis en Salta, deben ser abordados con sostenibilidad de las políticas. Esto implica políticas públicas constantes en el tiempo, integrales, transversales y multi-agencias.
De acuerdo con el mapa elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) "el 10% de argentinos con mayor probabilidad de permanecer en la pobreza se distribuye geográficamente en el conurbano bonaerense, con un 24%; la región Pampeana (excluyendo al conurbano), con otro 24%; el NEA, con 22%; el NOA, con 19%; Cuyo, con 8%; la Patagonia, con un 2%; y la ciudad de Buenos Aires, con un 1%".
Ahí está el desafío de los próximos 20 años, trabajar sobre esas zonas intensamente para, como dice el lema de la Agenda 2030 de Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie atrás.
El autor es ExSecretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos
