Violencia de género

Segunda ola: qué medidas se planean para prevenir los femicidios

La cuarentena y el aislamiento incrementan el riesgo para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Qué pasó en el año que transcurrió entre marzo de 2020 y 2021. Las historias y los femicidios que pudieron evitarse.
por Luciana Arias | 07 de abril de 2021 - 14:32
La Comisaría 28 donde Guadalupe denunció a quien sería su femicida. No tomaron las medidas para protegerla. La están remodelando para hacer una Comisaría de la Mujer. (Foto: El Cordillerano) 

La Comisaría 28 donde Guadalupe denunció a quien sería su femicida. No tomaron las medidas para protegerla. La están remodelando para hacer una Comisaría de la Mujer. (Foto: El Cordillerano) 

Bautista Quintriqueo

Bautista Quintriqueo, el femicida de Guadalupe Curual. Se autolesionó y murió días más tarde.

Guadalupe Curual tenía 21 años

Guadalupe Curual tenía 21 años, era mamá de una beba de dos. Su nena quedó a cargo del hermano de la joven.

Una de las marchas en Villa La Angostura en reclamo por políticas para las víctimas de violencias por razones de género. (Foto: Vivas y Furiosas)

Una de las marchas en Villa La Angostura en reclamo por políticas para las víctimas de violencias por razones de género. (Foto: Vivas y Furiosas)

El femicidio de Guadalupe Curual resonó cuando terminaba la temporada de verano en la turística Villa La Angostura. Guadalupe tenía 21 años, era mamá de una nena de 2. La mató su ex pareja, el policía Bautista Quintriqueo, en pleno centro de la ciudad. Guadalupe había denunciado a quien terminó matándola. La joven vivía lejos de su familia, con una amiga.

El caso tuvo una cobertura mediática importante. Quintrinqueo la abordó el 23 de febrero y le dio una puñalada que, según la autopsia, le atravesó el corazón. Como tantas otras, la historia de la joven mamá deja al descubierto el vacío al que se enfrentan las víctimas de violencias por razones de género. Las que mueren, irrecuperables, y las que quedan.

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Bautista Quintriqueo, el femicida de Guadalupe Curual. Se autolesionó y murió días más tarde.

Bautista Quintriqueo, el femicida de Guadalupe Curual. Se autolesionó y murió días más tarde.

Historia en espejo

Lucía Navarro no lo dudó: cuando Guadalupe se separó de Quintrinqueo la alojó a ella y su beba en la casa donde vivía con su hija. Quiso darle todo su apoyo: hasta cuidaba de las dos nenas cuando ella salía a trabajar. Según contó en ese momento, habló con su amiga 15 minutos antes del femicidio: Guadalupe le había dicho que, si su ex pareja la encontraba, la iba a matar.

"El tipo andaba por el centro buscándola y así fue, porque la estaba esperando, la encontró y la mató", dijo por esos días. La última denuncia de Guadalupe contra su agresor había sido "cuando el tipo se le apareció en el laburo y comenzó a agredirla".

Desde que Quintriqueo mató a su amiga, Lucía está con custodia policial. Ella también padeció una pareja violenta y había recibido amenazas de su ex, el padre de su hija. Tuvo que dejar la casa que ambas compartían para irse a un refugio municipal con su la nena. "Hace un mes le cayó la ficha de que Guadalupe no iba a estar más, que no estarían juntas ni ellas ni sus hijitas, que tienen la misma edad", dice a A24.com Valeria Navarro, hermana de Lucía.

Lucía trabajaba en una panadería con Guadalupe. Tras lo sucedido perdió ese empleo. Desde el espacio la ayudaron a encontrar uno nuevo. Además, se atiende con psicólogos del refugio. "Nosotros la contenemos, con mi mamá, mis hermanas y mi papá nos reunimos con la psicóloga, la ayudamos a hacer camino", dice Valeria.

El hueco del Estado

Después del femicidio de Guadalupe "quedó al descubierto la falta de política de estado en violencias de género", dice Valeria. "El Estado solo tenía parches. Hay promesas que no se cumplen. Hay áreas con nombres pero vacías de políticas concretas".

A partir del femicidio de la joven se creó el grupo feminista "Vivas y Furiosas", sede Villa La Angostura. "La defensa, las marchas las llevó adelante la agrupación. Estuvimos y estamos en las calles", dice Valeria. Desde la agrupación exigen que se aplique la Ley Micaela a funcionarios. Y que se haga un trabajo interno en el municipio, donde hay "muchos trabajadores con denuncias por violencia y el municipio nunca había activado nada".

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Una de las marchas en Villa La Angostura en reclamo por políticas para las víctimas de violencias por razones de género. (Foto: Vivas y Furiosas)

Una de las marchas en Villa La Angostura en reclamo por políticas para las víctimas de violencias por razones de género. (Foto: Vivas y Furiosas)

En 2019 surgió un reclamo para que se hiciera en un lote municipal una Comisaría de la Mujer. "En el concejo deliberante, sus 7 miembros, se opusieron. Votaron para que en ese mismo lugar se cree en Polo Judicial y el Colegio de Abogados". Hasta ahora no tienen un lugar físico. Se resolvió adaptar parte de la Comisaría 28, que está en remodelación. Es la dependencia donde Guadalupe denunció a Quintriqueo después de que este entró a la casa donde vivía con Lucía y la amenazó con un cuchillo, el 6 de enero.

Ahí también trabajaba el policía Roberto Yevenes, entonces pareja de Guadalupe. Yevenes "omite comunicar en forma inmediata al fiscal la comisión de los delitos denunciados". Eso se lee en la presentación que hizo la familia de Guadalupe días atrás para denunciar al renunciado juez de la causa, Jorge Videla.

También a Yevenes, y su jefe, Guillermo Alfaro, titular de la 28. Alfaro "Estaba fehacientemente notificado de la prohibición de acercamiento dispuesta contra Quintriqueo, pudiendo haber dispuesto la detención por flagrancia y la comunicación con delito de desobediencia" a la fiscalía. Según el escrito, con eso se podría haber dispuesto la prisión preventiva.

Efectos de la primera ola

La violencia por razones de género contra mujeres y diversidades se intensificó con las medidas que se tomaron durante la primera ola de Covid-19. Las de aislamiento primero y de distanciamiento después, complicaron los muchas veces deficientes mecanismos de denuncia.

El Observatorio Lucía Pérez publicó datos de los femicidios que ocurrieron entre el 20 de marzo de 2020, cuando entró en vigencia el aislamiento obligatorio (ASPO) y la misma fecha de este año, estando vigente el distanciamiento (DISPO). El objetivo: analizar "los datos que revelan la relación entre violencia patriarcal y pandemia", dice el informe.

Según la publicación, durante ese período hubo 304 femicidios y travesticidios. A razón de 12 femicidios por mes. En algunos ese promedio estuvo cerca del triple: en diciembre de 2020 fueron 33. En enero de este año fueron 39. En los primeros 20 días de marzo llegaron a 17. Del total, 41 víctimas había hecho denuncias previas. Como consecuencia se quedaron sin su mamá 320 chicos. Entre ellos, la beba de Guadalupe Curual.

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Femicidios y travesticidios entre el 20 de marzo de 2020 y la misma fecha de 2021. (Gráfico: Ignacio Ferreiro)

De cara a la segunda ola

"Frente a las nuevas medidas de restricción dictadas en el AMBA se consideran supuestos de fuerza mayor todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o LGBTI+ solas o junto a sus hijos e hijas necesitan desplazarse", dice a A24.com Josefina Kelly Neila, secretaria de políticas contra las violencias de género de la Nación. "Ya sea para denunciar por violencia o si van a pedir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia", todas las medidas adoptadas el año pasado".

"Cuando el aislamiento es más fuerte empeora la situación. Se vio claramente", dice a A24.com Flavia Delmas, subsecretaria contra las Violencias por Razones de Género de la provincia de Buenos Aires. Está claro, no se penalizará a quienes salgan entre las 20 y las 6 a hacer una denuncia. Además "pueden usar transporte público sin la necesidad de tramitar permisos especiales", dice Kelly Naila.

"El aprendizaje y al experiencia del 2020 nos permite estar en otra situación", dice la funcionaria bonaerense. "Cuando iniciamos la gestión eran solo 8 los municipios con área de género creada. Ahora, cuando recrudece la pandemia, tiene la mayoría", señala Delmas. Pero, ¿con qué medios cuenta una víctima de violencia?

"Todas aquellas personas que se encuentren en situación de violencia de género pueden solicitar el ingreso al Programa Acompañar, de asistencia económica y acompañamiento psicosocial. Pueden tramitarlo en todas las provincias del país y en los municipios que ya adhirieron al programa", explica Kelly Neilas. "En la página del Ministerio se encuentra el listado con todas las unidades de acompañamiento que ya están en funcionamiento". (https://www.argentina.gob.ar/generos/unidades-del-programa-acompanar)

El Programa Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género que se encuentren en riesgo. El programa incluye:

  • Apoyo económico del estado nacional: monto igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil ($21.600) durante seis meses.
  • Acompañamiento psicosocial por parte de los municipios.
  • Es compatible con programas de asignaciones.
  • No requiere denuncia judicial

"Además está a disposición la Línea 144 de información, atención y asesoramiento frente a situaciones de violencia de género, que atiende las 24 horas, todos los días y que fue declarada al inicio de las restricciones del año pasado", agrega Kelly Neila. "Para estar a la altura de la demanda el año pasado incorporamos profesionales a la línea. Por otra parte continuaremos trabajando en el marco de la Mesa de Coordinación de la Linea 144 que integran la Nación, PBA y CABA".

  • Aquellas personas que se encuentran aisladas con el agresor puedan comunicarse: al Whatsapp 1127716463.
  • El mail es linea144@mingeneros.gob.ar
  • Además es posible descargarse una aplicación para celulares.

Cuando empezó la ASPO los llamados al 144 "crecieron cerca de un 60%. Luego se estabilizó en 30%. Después bajaron", agrega Delmas.

La mirada del Observatorio

"De los más de tres mil casos que tenemos registrados surgen dos mapas: uno de la Argentina, otro de CABA y uno de AMBA, dice a A24.com la periodista Claudia Acuña, al frente de la cooperativa de trabajo La Vaca, la organización que lleva adelante el Observatorio Lucía Pérez. "Ahí se ven las zonas donde hay más casos de femicidios según la cantidad de habitantes mujeres, en base al censo del INDEC. En esos lugares se podrían dedicar políticas de prevención, que incluso sirvieran para testear políticas: programas, campañas".

El informe del Observatorio advierte que para prevenir las violencias es central "comprometer a todas las instituciones del Estado". Y hace hincapié en "los tres niveles de la educación pública y, en particular, a PAMI y las instancias de vacunación, que involucran a una población etaria que ha sufrido también estos crímenes". Además consideran que "los espacios culturales oficiales pueden cumplir un rol esencial en esta tarea". "En este momento no vemos ninguna campaña, ni en redes ni en paredes, dedicada a la prevención de los femicidios", dice Acuña.

Abordaje bonaerense

Según explica Flavia Delmas, los 135 distritos de la provincia cuentan con un fondo de emergencia -un monto de dinero- para los municipios. En general "lo coordina el área de género local". Con eso se pagan urgencias como "noches de hotel, remises, pañales o lo que haga falta. Lo más común es que sean mujeres con niñes".

Actualmente trabajan en el programa "Comunidades sin violencias" con las áreas de Género de la provincia. "Lo hacemos con distintas líneas de acción: escucha activa y armado de estrategias para la salida de la violencia con equipos en los municipios. Eso se acompaña desde la provincia", dice Delmas. Esos equipos "articulan con Seguridad y programas sociales. Cada caso tiene sus intersecciones: depende se si hay denuncia penal, si eso está vigente, si el agresor tiene o no tobillera".

Parte de esto se explica en el "Informe violencias diferenciadas y traslados complejos", documento que publicó esa secretaría. Allí se resaltan dos ejes: uno, el de acceso a la justicia en situaciones de ¨desaparición de personas por razones de género y violencia sexual¨.

Por otro lado, se buscan "estrategias de salida de las violencias por razones de género": entre ellas los traslados como "un eje clave durante la pandemia por COVID-19". "Son traslados de personas para salvarles la vida", dice Delmas. Es decir que se encargan del viaje desde el lugar donde viven y sufren violencia a un nuevo espacio. Muchas veces las víctimas vuelven con su familia de origen.

Otras víctimas

"Hay una normativa de la Comisión Interamericana Derechos Humanos y de la Corte de La Haya que reconoce a las familias de violencias también como víctimas", dice Acuña. "Es a partir de la lucha de los familiares desaparecidos. El Estado argentino desconoce esa normativa a la debería estar obligado", asegura. "Tenemos un tratado firmado, el de Belém do Pará que establece los derechos de las víctimas de violencias como los femicidios y deberían corresponderles a las familias de las víctimas también".

Algo similar ocurre con la Ley Brisa se aprobó en forma unánime en julio de 2018 y establece un Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes. que brinda una reparación económica, similar a una jubilación mínima -hoy de 20.571 pesos- a hijos e hijas víctimas de femicidio. Además se considera la cobertura de salud.

El régimen de reparación económica es para niñas, niños y adolescentes cuyo progenitor haya sido el asesino (o participado del crimen) de su mamá y esté procesado, condenado (o se haya extinguido la causa). Pero, en muchos casos, el femicida no es el padre de los hijos e hijas que quedan huérfanos/as y se obstaculiza el acceso a la ley.

Desde diciembre de 2019 hasta marzo último fueron 863 niñas, niños y adolescentes accedieron a su derecho, según datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).

Sin embargo falta mucho por hacer. La ley apunta a niñas, niños y adolescentes cuyo progenitor haya sido el asesino o haya participado del crimen de su mamá. El femicida tiene que estar procesado, condenado o con la causa extinguida. Pero, en muchos casos, quien mató a esa mujer no es el padre de los chicos quedan huérfanos y el acceso a la ley se dificulta. De todas formas, un punto de la ley indica que, si su mamá murió “a causa de violencia intrafamiliar y/o de género”, tienen derecho al acceso.

"Con una política de Estado tendiente a proteger a las infancias que quedan huérfanas rápidamente podrían ser reparadas, sin embargo no se hace. Hay políticas que implican más palabras que hechos", dice Acuña. "Y esto desgraciadamente se traduce en más femicidios."

Ni una Menos – Télam

"Vamos a continuar coordinando como lo venimos haciendo con los hogares de protección integral, refugios y/o casas de abrigo para la atención de personas en situación de violencia por motivos de género", agrega Kelly Naila. "Y seguimos trabajando para intensificar la articulación con los organismos del Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales provinciales, para garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de violencia".

Guadalupe y un calendario anunciado

El día 5 de febrero de ese mes la Dirección de Protección Integral de Derechos de la Municipalidad de Villa La Angostura advirtió al juzgado que Quintriqueo, el femicida de Guadalupe, incumplía "permanentemente las medidas dispuestas". Fue mediante un oficio que "jamás fue despachado por el magistrado a cargo del Juzgado de Familia".

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La Comisaría 28 donde Guadalupe denunció a quien sería su femicida. No tomaron las medidas para protegerla. La están remodelando para hacer una Comisaría de la Mujer. (Foto: El Cordillerano)

La Comisaría 28 donde Guadalupe denunció a quien sería su femicida. No tomaron las medidas para protegerla. La están remodelando para hacer una Comisaría de la Mujer. (Foto: El Cordillerano)

Guadalupe también había pedido ayuda profesional. Una psicóloga y una trabajadora social del hospital de Villa La Angostura firmaron un informe donde mostraban que "la víctima no cuenta con familia en la localidad y 'refirió episodios de violencia considerados de alto riesgo como amenazas con cuchillo'". Fue once días antes del asesinato. Pero el ahora renunciado juez Jorge Videla -por entonces a cargo de la causa- tampoco dio aviso ese informe.

"La justicia actuó de forma lamentable, en un año de pandemia se tomaron una feria extensa. El juez Videla tuvo que pedir la renuncia y no es casualidad. Se la aceptan para que no tenga que ir a un juicio político", dice Valeria, la hermana de Lucía.

"Medió falta de servicio público de justicia" y hubo "ausencia de compromiso en el seguimiento" y falta de "respeto por dictámenes requeridos por la propia magistratura", concluye la presentación de los Curual. Sin eso, "el resultado femicidio no hubiera acontecido".