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Etchevehere vs Etchevehere: nueva fase para una pelea que salpica al Gobierno y pone al límite la relación con el campo

Etchevehere vs Etchevehere: nueva fase para una pelea que salpica al Gobierno y pone al límite la relación con el campo
Los hermanos Etchevehere, junto a su madre Leonor, en el establecimiento Casa Nueva, que está en disputa con su hermana Dolores

En un capítulo de Los Simpsons, Lisa es llevada a juicio por “destrucción de curiosidad histórica”. Se trata de “un delito menor, pero en un sentido más amplio definiremos la antigua cuestión de la ciencia contra la religión”, sostiene el juez.

Hoy en Entre Ríos, la jueza María Carolina Castagno comenzará a evaluar si acepta la apelación de los hermanos Etchevehere y procede al desalojo de la estancia Casa Nueva, que ocupa Dolores. Un claro conflicto familiar pero, también en un sentido más amplio, para miles de productores se resolverá si en la Argentina hay respeto a la propiedad privada, si la Constitución es algo más que un libro de 150 años, si el campo es oligarca o progresista, si la producción debe ser exclusivamente agroecológica y si la actividad agropecuaria debe seguir soportando enormes cargas fiscales, entre otros problemas que hoy atraviesa.

Aunque el planteo parezca exagerado, es la principal explicación para entender por qué una gran cantidad de productores y entidades respaldan en palabra y acción a los hermanos Etchevehere y su madre, en una disputa que nunca debería haber salido del núcleo íntimo.

El conflicto viene precedido de un clima:

  • Suba de retenciones. Se dio en dos etapas, una apenas asumido el Gobierno, tal vez descontada por los productores, y una segunda (de tres puntos en el caso de la soja), para la que se armaron reuniones con la Mesa de Enlace, más parecidas a una puesta en escena de aparente diálogo que a un verdadero intercambio de posiciones.
  • Vicentin. Por más que el Gobierno haya dado marcha atrás con la expropiación, los productores (y buena parte de la Argentina) sintieron que el Estado se inmiscuía en la propiedad privada. El fantasma de la venezuelización del Gobierno se hizo presente e, incluso, el freno del Ejecutivo les dejó a los productores una sensación de empoderamiento de cara a situaciones futuras.
  • Inseguridad. A la par de Vicentin comenzaron a suceder una gran cantidad de ataques a silobolsas e incendios en campos, presuntamente intencionales, de los cuáles nunca se escuchó una condena contundente por parte de las autoridades ni hubo investigaciones con resultados.
  • Incendios. En una Argentina bajo fuego, los productores fueron apuntados como instigadores, ya fuera por prácticas irresponsables o por simple codicia. En esa línea se ubica el proyecto de Ley impulsado por el Frente de Todos que prohíbe por 30 años el cambio de actividad en tierras productivas que hayan sufrido incendios. Una iniciativa que nace desde el prejuicio de entender que el productor es culpable de los siniestros.
  • Liquidación de divisas. Una vez más, este año el productor fue puesto como responsable de la falta de dólares en el país por no vender su sustento y capital de trabajo (los granos) para pasarse a la inestable moneda nacional. Como si fuera poco, el planteo culminó con la imposición de un diferencial de retenciones en favor de la industria aceitera, rechazado desde siempre por los productores.

Aunque cada uno de estos ejemplos tiene sus matices y sus puntos de debate, hicieron sentir al productor hostigado y perseguido.

La presencia de Juan Grabois, con constantes críticas al sector agropecuario y su posición permisiva con la toma de tierras amalgamó la sensación de ir a la guerra contra los tomadores.

Y la aparición de funcionarios nacionales, Victoria Donda (INADI) y Gabriela Carpineti (ministerio de Justicia), terminó de plasmar la idea de un accionar coordinado por el Ejecutivo, una suerte de Vamos por todo, ahora por toda la tierra.

Tampoco ayudaron las declaraciones de Alberto Fernández. Plantear que la disputa sucesoria de los Etchevehere “son cosas que pasan entre todos los ricos” o que “decir que en la Argentina la propiedad privada está en riesgo es una estupidez profunda”, no parece lo más adecuado para calmar ánimos.

El apoyo a la causa Etchevehere excede a los productores autoconvocados. Los mismos dirigentes de la Mesa de Enlace atraviesan estos días haciendo lo imposible para contener ruralistas de filiales y entidades de base que piden paros y cortes de rutas.

El exministro, sus hermanos y su madre también recibieron el apoyo de gran cantidad de cámaras sectoriales y entidades técnicas, todas reclamando una definición clara del Gobierno sobre el respeto a la propiedad privada.

La paradoja es que el conflicto surge en momentos en que desde el Consejo Agroindustrial Argentino se había propiciado un primer intercambio con el Gabinete Económico para el desarrollo de políticas sectoriales. Las reuniones se suceden y, a decir de los protagonistas, se va conformando el famoso proyecto de ley de promoción del sector y la revisión de los esquemas de derechos de exportación.

En definitiva, un conflicto que no le conviene a nadie; o a casi nadie.

En tribunales

En lo estrictamente judicial, Castagno deberá revisar lo actuado por el juez subrogante Rubén Funes, que el viernes pasado denegó la solicitud de desalojo del establecimiento. Tanto el Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Oscar Sobko y María Constanza Bessa, como la querella de Rubén Pagliotto apelaron la decisión del magistrado. Ahora, la jueza podrá disponer ella misma el desalojo del predio, ordenar a primera instancia (ya sin la presencia de Flores) que se revise el fallo o rechazar las apelaciones.

La audiencia comenzará a las 9 de la mañana en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) y será transmitida en directo a través del Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos.

Si bien no se espera que el veredicto llegue en forma inmediata, por la premura y los ánimos, tampoco se dilataría más allá del jueves.

Para el fiscal Sobko, las pruebas son claras: Casa Nueva es propiedad de Las Margaritas SA desde antes del fallecimiento de Luis Félix Etchevehere, empresa que siempre ejerció la posesión y la tenencia. Además, plantea que en todo caso, si hubiera el dolo que Dolores alude, los bienes que le corresponden serían las acciones de la sociedad, no un inmueble en particular. Por eso considera que cometió un delito al tomar la tierra.

Del otro lado, Dolores acusa a sus hermanos de haber “tomado de facto la sucesión”, falsificación de firmas y cohesión para deshacerse de propiedades que le correspondían. En definitiva, asegura ser la legítima dueña de una porción del campo.

En la decisión de la jueza estará la posibilidad de calmar los ánimos actuales. Más allá de quien resulte favorecido, lo importante serán los fundamentos y, en ese sentido, el libre acceso a la audiencia también aportará transparencia.

Pero desde antes del fallo, el conflicto Etchevehere ya tiene ganadores:

  • Grabois, con el posicionamiento del MT Rural y el Proyecto Artigas como proyecto político, hoy bajo el paraguas de los cuestionamientos ambientales y con el debate del acceso a la tierra como punta de lanza.
  • Dolores Etchevehere, que después de varios años de batalla logró poner en el primer plano de la escena nacional el reclamo de su patrimonio, avanzando en la disputa familiar.
  • Luis Miguel Etchevehere, dando el puntapié a su proyecto político en Entre Ríos.

Por lo demás, los motivos de enojo de los productores seguirán estando, a la espera de que la política de verdad se acuerde de ellos.

por Marcos Lopez Arriazu
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