Promulgan la nueva ley de Manejo del Fuego que prohíbe por 30 años la venta de tierras agrícolas incendiadas

24 de diciembre de 2020 - 07:58
Promulgan la nueva ley de Manejo del Fuego que prohíbe por 30 años la venta de tierras agrícolas incendiadas

El Gobierno nacional promulgó la Ley de Manejo del Fuego que prohíbe la venta y el desarrollo de negocios inmobiliarios en terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años.

La norma fue promulgada a través del Decreto 1038/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandié.

La Ley 27.604 fue sancionada el 4 de diciembre pasado y modifica el artículo 22 bis de la Ley 26.815, vinculado al manejo del fuego.

De esta forma, se especifica que "en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de sesenta (60) años desde su extinción" determinadas acciones.

Entre esas acciones que se prohíben se encuentran: "Realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio", así como "la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria; el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares".

Tampoco se podrá proceder a "la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales"; ni realizar "cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio".

Además se incorpora -entre otras modificaciones- el artículo 22 quáter a la ley 26.815, de Manejo del Fuego que establece que "la prohibición establecida en el artículo 22 bis, será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente".

Críticas del campo

En el momento del debate legislativo, la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias aseguró que la Ley "pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país" e impone "restricciones que afectan gravemente el derecho de propiedad".

"Estamos en favor de que se legisle sobre el manejo del fuego, pero no podemos dejar pasar por alto esta invasión al derecho de propiedad, ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales, o se instaure una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajamos en la tierra", agregó.

La Mesa de Enlace advirtió que "esta prohibición se da independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales".

De esta forma, la Ley "da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa", agregaron.

Por su parte, desde la Fundación Barbechando, plantearon que "es un grave error culpar y castigar directamente al propietario sin hacer distinción sobre las causas del incendio: si es iniciado accidentalmente o de forma natural, en terrenos propios o de terceros, o incluso si responde a buenas prácticas de quema programadas y controladas, método apoyado por el INTA, por gobiernos provinciales y por asociaciones de producción que defienden el ambiente y la biodiversidad".

De esta forma, los productores agropecuarios serían catalogados como “delincuentes ambientales, sin posibilidad de demostrar su inocencia”. Esto afecta clara, y directamente, el derecho de propiedad, y presume la mala fe y el afán especulativo de los dueños en los casos de incendios; además de perder su capital de trabajo o sus inmuebles, recibirían un doble castigo, con restricciones arbitrarias, que no contribuyen al cuidado del medio ambiente.

"En vez de buscar culpables, debemos aportar soluciones, aplicando los mecanismos de control administrativo ya existentes. Es horas de robustecer los medios de prevención y combate de incendios. El problema nos involucra, seamos parte de la solución", agregó Barbechando.