La Hidrovía del Paraná alimenta los debates en torno al rol del Estado y los concesionarios.
Luego de la decisión del Gobierno de avanzar con una estatización por un año de la Hidrovía Paraná-Paraguay, desde el ministerio de Transporte salieron a defender la medida y apuntaron contra lo que entienden como el resultado de la concesión que termina. “No queremos la Hidrovía de los 90’, sin controles ambientales y con un autocontrol de parte de la concesionaria”, manifestó el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.
“Estas características deben ser modificadas y es la oportunidad después de 30 años de concesión. El Gobierno decidió no prorrogar “la prórroga de la prórroga” y definir un modelo de Hidrovía que conserve las ventajas competitivas que tiene, pero que se supere en muchas cuestiones: la participación de las provincias y los controles ambientales”, argumentó Giuliano durante una charla con La Red Rural (AM 910).
El funcionario del Ministerio de Transporte, que lidera Alexis Guerrera, expresó que “en la década del 90’ había una legislación ambiental fragmentada. Hoy tenemos un desarrollo más grande a nivel constitucional. Tenemos la necesidad de que participen los usuarios, las provincias costeras y la necesidad de que haya un ente que controle a través de una comisión bicameral del Congreso. Eso resulta muy importante”.
Lo que sostienen desde el sector público es que la competitividad de algunas regiones del país, hoy no tiene un correlato con el tramo que presenta un mayor calado en la hidrovía actual.
Se trata de la zona más próxima a la salida hacia el océano: lo que comprende a los puertos de Timbúes, en la zona de Rosario, y Río de la Plata. En la actualidad dicho tramo es el que presenta un mayor desarrollo en los trabajos, y por eso Giuliano habló de llevar esa competitividad hacia otras zonas del país. La Hidrovía comprende a las aguas del río Paraná, pero también a las del río Paraguay y a través de las mismas le brinda a Paraguay una alternativa muy importante para la salida al mar.
“Creemos que lo que estamos haciendo no solo que puede mejorar la Hidrovía, sino que puede extender su traza y puede permitir crecer y desarrollar economías y hacerlas más competitivas que las que hoy tenemos. Se puede hacer que el barco vaya más cerca de donde hoy se produce”, sostuvo Giuliano, abogado y docente de derecho constitucional.
En ese sentido remarcó lo que para el sector público ven como unas de las nuevas “miradas” que surgieron en los últimos tiempos en la materia, desde las universidades del Litoral, Rosario y San Martín.
“Pensamos que la incorporación de la mirada de las universidades fue fundamental. Se definieron trazas y acceso a puertos públicos, que es algo que que hoy no existe, y también la posibilidad de hacer más competitivo el tramo Timbúes-Santa Fe hacia la zona de Confluencia. Además, avanzar más en el territorio a través de mejorar la navegabilidad superior de la Hidrovía y realizaron controles ambientales previos y durante el trayecto del sistema”, graficó.
No son pocas las voces en el agro que marcaron las discrepancias con el nuevo rumbo que se le pretende dar a la mega obra. Una de las voces más críticas había sido la de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Idígoras había dicho que “era un grave error”. Y que el Estado no tiene los recursos “económicos ni tecnológicos para hacerlo, debe llamar a licitación de forma urgente manteniendo el cobro directo de la tarifa en el concesionario”, habían sido las declaraciones del empresario aceitero, uno de los rubros más ligados a la exportación desde los puertos del Paraná.
Por eso, la postura de Gobierno se asienta en “establecer pautas distintas”.
“Hay que incorporar nuevos parámetros, establecer un sentido redistributivo del peaje de tal forma de invertir en los tramos que son menos competitivos y que le dan un flujo muy importante a la Hidrovía, es decir, que para mejorarla es necesario que participen las provincias y que tengan un rol no solo las costeras, sino también las otras provincias. Es necesario superarnos, no podemos seguir igual”, defendió Giuliano.
Por último, Giuliano defendió la idea de que en estos 12 meses venideros el propio Estado salga a buscar los servicios del sector privado, para llevar adelante las tareas de mantenimiento en el río.
“Administración General de Puertos” está autorizada a hacer contrataciones, obviamente con los modelos de contratación propios de la legislación vigente. El río está permanentemente en movimiento y es necesario realizarlos. Habrá un sistema de contratación para empresas públicas o privadas. Y lo digo para los que tienen un temor enorme de que la empresa privada se retire del sistema. También es posible que se contrate a las empresas privadas para realizar los dragados. Y que la percepción del peaje también sirva no solo para la autopercepción del concesionario, que es lo que ha sucedido hasta ahora”, concluyó.
