En una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, 11 exdirectivos y 3 ejecutivos actuales de la empresa agroexportadora Vicentin fueron imputados en la causa en la que se investiga una presunta estafa. La deuda de la compañía asciende a u$s 1.500 millones y Vicentin busca desde el año pasado una reestructuración de la misma en base a un concurso preventivo, pero varios de los acreedores habían iniciado el camino penal que derivó en las imputaciones de este martes. Además, se espera que la fiscalía pida la prisión preventiva de algunos de los 14 acusados.
JUSTICIA
Imputan por estafa al presidente y ex directivos de Vicentin: habrá pedidos de prisión preventiva
La imputación es para 11 miembros de la anterior gestión y tres de la actual, entre ellos, Omar Scarel. El fiscal entiende que hubo "ocultamiento de la decadencia económica y financiera" de la firma.
Los principales nombres de Vicentin, en la mira de la Justicia.
¿Quiénes son los apuntados? Se trata de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto y Javier Gazze, Máximo y Cristian Padoán, Robertino y Yanina Boschi y Miguel Vallazza, más Pedro, Sergio y Roberto Vicentin. Sin embargo la imputación también alcanzó por ejemplo a Omar Scarel, quien fuera síndico de Vicentin pero que hoy ocupa la presidencia del Directorio. Raúl González Arcelus también figura entre los imputados pero no estuvo presente en la audiencia.
Vicentin es una compañía de gran importancia operativa en el mundo del agro argentino. Durante 2020, a raíz de su profunda crisis, con más de 1700 acreedores, fue protagonista de una de las polémicas más importantes que vivió el Gobierno actual luego de que el propio Presidente Alberto Fernández comunicara la expropiación de la misma, en junio de 2020.
Miguel Moreno es el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada que lleva adelante la investigación de la causa y argumentó que los imputados planificaron “el ocultamiento de la decadencia económica y financiera de Vicentin”. Para el letrado la maniobra dolosa tuvo inicios en 2018 y es la hipótesis central que sostiene su acusación. Moreno les atribuye exhibir balances falsos con estados contables “en los que no se registraban los pasivos de Vicentin de las deudas que tenía con los productores granarios”.
“La empresa tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente sin registrar la contrapartida: el pasivo corriente, lo que debía pagarle al productor en el momento en el que él decidiera formar precio", indicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.
El otro de los puntos tiene que ver con el “ratio” crediticio presuntamente fraguado, con el único fin de acceder a desembolsos bancarios con una calificación positiva, que no era tal.
La ponencia del fiscal Moreno duró casi dos horas. En la misma sostuvo que los acusados habían “falseado balances e informes”, y que los mismos eran presentados a la banca extranjera con el único motivo de mostrar a la compañía saneada y sólida.
“Estas imputaciones son sumamente claras con la información que tenemos reunidas hasta el momento. No descartamos que pueda surgir otra conducta ilícita que pueda surgir sobre estos acusados y ampliar la imputación, o bien que aparezcan otras conductas ilícitas de otros miembros investigados”, detalló Moreno a la salida de la audiencia.
¿Prisión preventiva?
El fiscal Moreno sostuvo ante los medios presentes en Rosario que una vez finalizado el plazo de tres días para que la defensa analice todo lo presentado por la Fiscalía, desde la misma irán por el pedido de prisión preventiva para algunos de los 14 acusados, principalmente en lo que tiene que ver con los que fueron partícipes de la gestión anterior de Vicentin.
Sobre eso se conocerá en 72 horas, cuando el juez Román Lanzón levante el cuarto intermedio hasta el jueves.
“Ese día vamos a solicitar la prisión preventiva y quizás, entre los elementos que la defensa ofrezca para neutralizar mi pedido, esté una caución”, explicó Moreno.
“Un punto sobre el que gira la persecución a los delitos económicos tiene que ver con que si bien no tienen un impacto muy grande en la opinión pública, lo cierto es que tienen una dañosidad muy grande. Esto produce un efecto derrame negativo”, remarcó el fiscal.
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