El fallo contrario de la Justicia de Estados Unidos perjudica a la industria del biosiésel argentino. (Foto: archivo)
El gobierno argentino sufrió un revés judicial en los Estados Unidos, donde un Tribunal de Comercio Internacional rechazó un pedido para que el país norteamericano deje sin efecto las sanciones impositivas fijadas hace cinco años, lo que permitiría el retorno del biodiésel nacional al mercado norteamericano.
El fallo del tribunal avaló la decisión tomada en 2016 por la Comisión de Comercio Internacional estadounidense y ratificó la vigencia del cobro de aranceles de 72,28% a la importación de biodiésel proveniente de la Argentina. Entre los fundamentos, se apuntó a la política impositiva del Gobierno argentino, específicamente sobre los derechos de exportación.
La sanción impuesta por el entonces presidente Donald Trump fue a pedido de la industria de biodiésel norteamericana que acusaron a los productores argentinos por dumping (vender un producto por debajo de los costos de producción). Específicamente, se apuntaba al uso de subsidios para elaboración de este combustible argentino por la aplicación de derechos de exportación diferenciados para el aceite de soja y el biodiésel.
La justicia de primera instancia avaló esa posición, considerando que al tener mayores derechos de exportación la materia prima (el aceite) que el biodiésel, se estaba bajando artificialmente los costos de producción, generando una competencia desleal con los productores de Estados Unidos.
En 2018 el Gobierno argentino y la empresa LCD Argentina pidieron una “revisión por cambio de circunstancias” (CCR) para rever el arancel. El argumento fue que las autoridades nacionales estaban en un proceso de corrección de las tasas de derechos de exportación para los diferentes productos hasta su eliminación. Además, el Gobierno corrigió la alícuota entre ambos productos, quedando más cerca y minimizando la "ayuda" al producto final.
Según informan agencias internacionales, el actual fallo del juez Gary Katzmann consideró que la medida tomada por el gobierno norteamericano era “razonable” debido a "la evidencia de que, desde 2016, el régimen fiscal (argentino) había cambiado al menos siete veces”.
Entre esos cambios, el juez citó el decreto 230/2020 de modificación de retenciones, firmado por el presidente Alberto Fernández, que dice: “resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado”.
Además, advirtió que la Argentina mostró “signos de recurrir una vez más al uso de impuestos diferenciales a la exportación como una herramienta de desarrollo para industrias específicas, y potencialmente abandonar la política de neutralidad subyacente al inicio de la revisión”.
También se expresó sobre la estructura empresarial del sector. “Los demandantes dependen demasiado del diferencial de impuestos a la exportación entre la soja y el biodiésel. Si bien el diferencial constante de impuestos a la exportación entre la soja y el biodiésel puede restar valor a la determinación final negativa del CCR, los numerosos cambios en el régimen de impuestos a la exportación de Argentina y el proyecto de ley que establece que los aranceles de exportación se reducirían para los bienes que agregan valor a través de su producción restan valor a una conclusión de que las subvenciones sujetas a medidas compensatorias constatadas en la investigación subyacente ya no estaban en vigor”, sostuvo.
Antes de la aplicación de aranceles, la Argentina llegó a exportar al mercado norteamericano biodiésel por un valor de 1.200 millones de dólares al año.
