Juan Frers (*)
Regulación de criptomonedas: aunque los inversores ven la reforma como algo positivo, los usuarios no perciben el mayor control del Estado con buenos ojos. (Foto Sergei Tokmakov en Pixabay)
Juan Frers (*)
Las criptomonedas, todavía sin regulaciones oficiales, son una forma de dinero digital que utiliza la tecnología blockchain para garantizar su seguridad, transparencia y descentralización. A diferencia de las monedas tradicionales, las criptomonedas no dependen de ninguna autoridad central, sino que se basan en un sistema de consenso distribuido entre los participantes de la red. Esto les permite ofrecer una serie de ventajas, como la inclusión financiera, la protección frente a la inflación, la reducción de costes y la innovación.
Sin embargo, también implican una serie de riesgos, como el lavado de dinero, la evasión fiscal, el fraude, la volatilidad y la falta de protección al consumidor.
En América Latina, las criptomonedas han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por diversos factores, como la crisis económica, la inestabilidad política, los controles de capital, las remesas y el desarrollo tecnológico.
Según un estudio de Statista, cuatro países latinoamericanos se encuentran entre los diez primeros del mundo con mayor adopción de criptomonedas: Brasil, Colombia, Argentina y México. Además, según un informe de Chainalysis, Venezuela es el tercer país del mundo con mayor actividad de criptomonedas en relación con su producto interno bruto (PIB).
Ante este escenario, los gobiernos y las autoridades financieras de la región se han enfrentado al desafío de regular las criptomonedas de forma adecuada, equilibrando los beneficios y los riesgos que conllevan. No obstante, no existe un consenso ni una armonización sobre cómo abordar este fenómeno, lo que ha dado lugar a una diversidad de enfoques regulatorios, desde la prohibición hasta la permisividad, pasando por la ambigüedad. Algunos ejemplos son:
-Argentina: el país ha sido uno de los más afectados por la crisis económica, la devaluación del peso y los controles de capital, lo que ha impulsado el interés por las criptomonedas como alternativa para preservar el valor y facilitar las transacciones. Sin embargo, el marco regulatorio es confuso e incierto, ya que no existe una ley específica que regule las criptomonedas.
De hecho, el Banco Central de Argentina ha emitido varias normativas que obligan a los bancos y a las empresas de servicios financieros a informar sobre las operaciones con criptomonedas y a obtener autorización previa para acceder al mercado de cambios.
Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha establecido que las ganancias derivadas de las criptomonedas están sujetas al impuesto a las ganancias. Estas medidas han generado obstáculos y dificultades para el desarrollo del sector.
-Brasil: el país más grande de América Latina tiene una posición más abierta y favorable hacia las criptomonedas, aunque tampoco cuenta con una legislación específica al respecto. Su Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) ha reconocido a las criptomonedas como activos financieros y ha autorizado a los fondos de inversión a invertir en ellas indirectamente.
Por su parte, el Banco Central de Brasil ha anunciado su intención de crear una moneda digital soberana para facilitar los pagos transfronterizos y mejorar la eficiencia del sistema financiero. Además, el Congreso Nacional está debatiendo varios proyectos de ley que buscan establecer un marco legal para las criptomonedas y promover su innovación.
-México: el país norteamericano ha sido pionero en regular las criptomonedas en América Latina con la Ley Fintech de 2018, que establece un marco legal para las empresas que ofrecen servicios financieros basados en tecnologías innovadoras, incluyendo las criptomonedas. Esta ley otorga al Banco de México la facultad de determinar qué criptomonedas pueden ser utilizadas por las entidades reguladas, así como las condiciones y requisitos para su operación.
Sin embargo, el Banco Central ha adoptado una postura restrictiva y sólo ha autorizado el uso de Bitcoin (BTC) como medio de intercambio. Además, la ley no contempla aspectos como la tributación, la protección al consumidor o la prevención del lavado de dinero, lo que deja vacíos legales y riesgos para los usuarios.
Estos son solo algunos ejemplos de la diversidad regulatoria que existe en América Latina respecto a las criptomonedas. Se trata de un fenómeno dinámico y complejo que requiere un equilibrio entre la protección de los intereses públicos y el fomento de la innovación y el desarrollo.
En definitiva, las criptomonedas representan una oportunidad para mejorar el acceso y la calidad de los servicios financieros en la región, pero también plantean desafíos que deben ser abordados con prudencia y cooperación.
(*) El autor es especialista en temas de impuestos y tecnología. Socio Tax & Tech Beps Global Consultores.
