Por ello, la cuestión pasa ahora por reencauzar el diálogo entre las partes y encontrar un mecanismo de marketing del acuerdo de manera tal que no se muestre al Gobierno cediendo en sus pretensiones. La tarea será también del banco asesor, Lazard que cobra comisiones en función del acuerdo obtenido.
Pero no todo es dinero. En la diferencia entre la postura argentina y la de los acreedores hay cuestiones legales. Puntualmente los bonistas insisten en que haya cláusulas “anti Pacman” en los nuevos bonos, de manera tal de que en caso de una nueva renegociación a futuro de la deuda argentina, el gobierno de turno no pueda recurrir a ese mecanismo.
El “Pacman”, en la jerga de la negociación, era la posibilidad que legalmente le asiste al gobierno argentino de ir haciendo acuerdos en determinados bonos, y luego, en nuevas ofertas, con ligeras mejoras en los nuevos bonos, ir absorbiendo a aquellos papeles que no se habían adherido inicialmente a la propuesta. Ecuador ya puso cláusulas en ese sentido en la oferta que tiene en curso con sus bonistas. Para ganar credibilidad, ese país también puso como condición al entendimiento que haya un programa con el FMI vigente, lo que hace más previsible su capacidad de pago a futuro.
Según un informe de Delphos, “el paso constructivo dado por el grupo duro de bonistas incrementa las probabilidades de un acuerdo al 100%, que ahora pasó a depender del Gobierno”. Agregan que “debería haber un acuerdo a mitad de camino de la diferencia actual” y que mantienen “una visión constructiva sobre la deuda en dólares argentina, entendiendo que las bajas son oportunidad de compra” con un potencial de subas de “entre 25% y 50%”.