En enero, el Gobierno impuso un tope de exportaciones por 14,5 millones.
La guerra entre Rusia y Ucrania disparó el valor de los commodites agrícolas, y en Argentina se desató una escalada en el precio del trigo. Este jueves, desde el Gobierno afirmaron que evalúan "todas las soluciones posibles" para evitar el impacto inflacionario del precio internacional sobre el local, de esta materia prima.
Además, con la suba del precio internacional también se elevan los valores del mercado interno y las especulaciones de los productores generan trabas en el abastecimiento. Junto con el trigo, aumentan los precios de sus derivados: harinas, pan, pastas secas, entre otros.
Las declaraciones del oficialismo se dan en un contexto inflacionario que afecta el bolsillo de los consumidores, ya que el precio internacional del trigo registró un incremento del 47,5% en los ingresos en pesos por las exportaciones del cereal, entre el 3 de enero y el 7 de marzo.
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, indicó este jueves en su habitual conferencia de prensa que "se están estudiando todas las soluciones posibles, con la urgencia que tiene el caso". Y advirtió que el tema es "muy complejo" y que "el Gobierno nacional tiene que intervenir".
Detalló que los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán; y de Agricultura, Julián Domínguez; además del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, están analizando "todas las posibilidades y presentarán al presidente Alberto Fernández la mejor opción".
En este contexto, el Gobierno creó este 5 de marzo un fideicomiso de 800.000 toneladas para garantizar el abastecimiento y el precio de los alimentos producidos en base al grano.
En este orden, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, advirtió que se evalúa "si hay que reforzar ese fideicomiso o tomar otras medidas para abordar las tensiones en el mercado interno". "El fideicomiso seguramente lo iremos ampliando en función de las necesidades que se presenten", subrayó Kulfas.
Hernán Letcher, Director Centro de Economía Política Argentina (CEPA), manifestó en diálogo con A24.com que "el fideicomiso del aceite, el trigo y el maíz es una buena herramienta", pero duda de que la medida "sea suficiente en esta instancia".
"Me pregunto cuál es el sentido de una rentabilidad extraordinaria absolutamente desvinculada a una mayor inversión, producción o empleo, derivada exclusivamente del conflicto bélico y concentrada en sectores agroexportadores que ya tienen el grano", planteó.
Y señaló como alternativa más oportuna "en este contexto particular, discutir el esquema de retenciones y la implementación de una retención móvil que garantice el precio previo al conflicto bélico".
Otra de las medidas que estableció el Gobierno en enero para combatir la inflación fue la fijación de un cupo de exportación de 14,5 millones de toneladas de trigo, mediante una resolución del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. Sin embargo, según las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (Djve), en 2021 ya se exportó trigo por 13,6 millones de toneladas.
A modo de ejemplo, de acuerdo con datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino (FADA), el precio trigo tiene una incidencia del 11% sobre el precio del pan. Desde el organismo consideraron como posible alternativa el endurecimiento de las restricciones a las exportaciones.
David Miazzo, Economista Jefe de FADA, explicó que una medida de este tipo generaría un efecto similar al del derecho de exportación, y bajaría el precio interno del producto.
"Hace varios meses existen lo que Domínguez (Ministro de Agricultura) llamó volúmenes de equilibrio, básicamente para trigo y maíz. Son cuotas de exportación que el Gobierno calcula en base a la necesidad del mercado interno. Es decir, se segmenta la demanda y se establece cuánto pueden exportar", graficó a este medio.
Dio cuenta de que con la segmentación rompen la competencia y obligan a dejar mayor cantidad de trigo al que es necesario. Por ende, la oferta supera a la demanda y los precios bajan. En este orden, Miazzo recordó cuando se aplicó la misma decisión durante 7 años: "En el caso del maíz el efecto fue una baja promedio del 8%, durante todo el periodo que se aplicó la medida. Funcionó como un derecho a la exportación".
