Impuestos

Gastronómicos y clínicas porteñas quedarán eximidos del pago de Ingresos Brutos temporalmente

La Legislatura porteña aprobó este jueves dos leyes para que ambos sectores queden liberados del pago por unos meses.
Gastronómicos y clínicas porteñas quedarán eximidos del pago de Ingresos Brutos temporalmente

Gastronómicos y clínicas porteñas quedarán eximidos del pago de Ingresos Brutos temporalmente

La Legislatura porteña aprobó este jueves dos leyes que eximen de forma temporal del pago del impuesto a los Ingresos Brutos a los contribuyentes que se desempeñen dentro del sector gastronómico, así como también a aquellas clínicas que brindan servicios de internación a pacientes con Covid-19.

En primer lugar, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron un proyecto de ley que libera del pago de Ingresos Brutos en mayo, junio y julio a los contribuyentes que desarrollan actividades gastronómicas.

La iniciativa incluye a los contribuyentes de servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo, servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo, servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso, servicio de expendio de bebidas en bares, servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador y servicio de expendio de helados.

Por otra parte, también se dio el visto bueno a una segunda ley que establece que las clínicas y sanatorios de la Ciudad no tendrán la obligación de pagar las cuotas correspondientes a mayo y junio 2021 del impuesto de Ingresos Brutos por los servicios de internación.

El proyecto explica que dado el incremento de casos de coronavirus “resulta imprescindible colaborar con el mencionado sector y brindar alivio fiscal a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades para que puedan seguir combatiendo y paliando los efectos adversos de la actual emergencia sanitaria”.

La medida alcanza a las actividades comprendidas como "Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental”, y apunta a “evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el denominado aludido COVID-19”.