Encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también participaron de la reunión los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo -Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente -, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó de Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; la titular de ANSES, Fernanda Raverta; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
Al menos 180.000 empresas se inscribieron hasta el 23 de abril en el programa ATP para que el Estado los asista en el pago de hasta el 50% del salario de más de 1.600.000 trabajadores.
Sin embargo, los empleadores cargaron hasta este fin de semana la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de 1.310.000 trabajadores, por lo que se calcula que resta el ingreso de los datos de otros 300 mil empleados para que puedan completarse las transferencias a las cuentas.
Si bien la carga se fue acelerando con el transcurso de los días, hasta el principio de la semana pasada apenas 1 de cada 3 empresas inscritas en el programa habían informado la CBU de sus trabajadores en el Servicio Simplificación Registral de la AFIP.
Al respecto, la AFIP informó que no es necesario que sea una cuenta sueldo, sino que puede ser cualquier cuenta bancaria válida donde el trabajador o la trabajadora figure como titular o cotitular.
El programa ATP es una de las herramientas previstas por el Estado para amortiguar el impacto económico del aislamiento social preventivo y obligatorio y fue ampliado el pasado 23 de abril para incluir a más empresas entre sus beneficiarios.
Para ingresar al programa se debe tener menos de 800 empleados y acreditar una variación nominal en la facturación del período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 que sea igual a cero o inferior respecto al mismo período del año 2019.
En caso de tener más de 800 empleados, las empresas que cumplan con el requisito de facturación no podrán: distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, recomprar sus acciones y/o comprar dólares a través del mercado de bonos o acciones (CCL y/o Dólar MEP).
El monto de la ayuda que se considerará como salario neto será equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada correspondiente a febrero de 2020, de acuerdo con las declaraciones juradas presentadas por el empleador.
Por último, las empresas beneficiarias contarán con la reducción del 95% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).