La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) se manifestó en contra de que el Gobierno nacional otorgue a las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional en montos de hasta 300 millones de pesos, una medida que además le pone un límite a las altas en diversos planes sociales, entre ellos el Potenciar Trabajo.
Rechazo
La Cámara de la Construcción se opone a que el Gobierno otorgue obra pública a las cooperativas
Advierten que la medida generará una "competencia desleal" que "condenará a la inactividad y al a ruina a numerosas empresas PyMES constructoras de todo el país".
Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
"La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), por expreso mandato de su Consejo Federal, rechaza enfáticamente los aspectos del Decreto 728/22, publicado hoy, que otorgan una reserva de mercado de la obra pública a favor de Cooperativas de Trabajo, que en la práctica son informales", manifestaron en un comunicado desde la entidad que dirige Gustavo Weiss.
A su vez, advirtieron que la medida generará una "competencia desleal" que "condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas PyMEs constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores".
"CAMARCO comparte la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo pero sostiene que es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública", sostuvieron desde la cámara.
"CAMARCO comparte la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo pero sostiene que es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública", sostuvieron desde la cámara.
Además, alertaron que la iniciativa "será un incentivo al trabajo informal en fraude a las normales laborales y previsionales vigentes" y "condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54 % superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo".
"Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues los supuestos ‘cooperativistas’ no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos, informales. Así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores", resaltaron.
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