El analista económico Pablo Tigani advierte sobre los riesgos de la "estatización" de la deuda del Banco Central. ¿Por qué esa maniobra significó una ganancia extraordinaria para los bancos?
LLA está haciendo un gobierno dirigista, intervencionista y sobre todo “estatista”, ya que “estatizo la deuda del BCRA”. Mas de un tercio de la deuda que le endosaron al BCRA, eran intereses generados en el periodo Milei, antes de socializar las pérdidas del “carry trade”, pasándole la cuenta al Tesoro.
Sin embargo, la secretaria de Finanzas muestra oficialmente el aumento de u$s 81.000 millones de la deuda, han desorientado a la gente de a pie, diciéndole “mucha de esa deuda era del BCRA”. Ya se debía. Pues no. La debía el BCRA, no los contribuyentes.
Además, a los ahorristas a plazo fijo en pesos con la devaluación de diciembre le comieron hasta 60% de sus ahorros, aunque si se quedaron en plazo fijo, recuperaron unos dos tercios. La responsabilidad del BCRA y la responsabilidad del Estado argentino son diferentes en términos de sus funciones, naturaleza jurídica y la manera en que se relacionan con sus obligaciones financieras y legales.
Si bien el BCRA es parte del Estado, no es responsable de la gestión de los ingresos y gastos del gobierno. En casos de crisis, el BCRA no tiene los mismos mecanismos de recaudación o endeudamiento que el Estado. El Estado tiene una responsabilidad más amplia y directa hacia sus acreedores. Además, tiene la capacidad de comprometer bienes y recursos del Estado para asegurar el pago de su deuda.
El BCRA tiene limitaciones en su capacidad de pago. El Estado, a través del Tesoro, puede emitir deuda en mercados internacionales, recaudar impuestos y reestructurar sus pasivos. Si el BCRA incumple con sus obligaciones, las consecuencias son monetarias. No obstante, sus acreedores son bancos y entidades financieras locales, lo que limita el impacto internacional de un incumplimiento. Si el Estado incurre en un default las consecuencias son más graves y tienen un impacto internacional. Puede enfrentar demandas judiciales en tribunales internacionales.
La estatización de la deuda privada en Argentina ha sido un proceso recurrente en la historia económica del país. Uno de los casos más emblemáticos fue la estatización de la deuda externa privada de 1982, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó medidas para transferir pasivos privados al Estado. Este proceso benefició a grandes empresas, generando un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios que participaron en estas decisiones.
En el contexto actual, bajo la presidencia de Javier Milei y con Luis Caputo como ministro de Economía, la transferencia de deuda del BCRA al Tesoro Nacional ha reabierto el debate sobre los efectos de la estatización de deuda, esta vez centrada en los beneficios que obtienen los bancos.
La estatización de la deuda privada en 1982 es uno de los hitos más discutidos en la historia económica argentina. La medida fue implementada durante la presidencia de Julio González del Solar en el BCRA, mediante la circular A251. Según diversos economistas, las políticas implementadas por Domingo Cavallo, quien fue presidente del BCRA por un breve período en 1982, sentaron las bases para esta estatización. Estas decisiones permitieron a las empresas endeudadas en dólares beneficiarse de un régimen de seguros de cambio, donde el Estado asumió la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el de mercado, lo que derivó en un perjuicio estimado en 23 mil millones de dólares para el Estado.
En la actualidad, la transferencia de deuda del BCRA al Tesoro tiene implicaciones de magnitud. En particular, los bancos con pasivos cuantiosamente remunerados desde 2016, se han beneficiado de manera significativa por este cambio en la gestión de la deuda. El cambio de deudor de los pasivos remunerados, pasando del BCRA al Tesoro Nacional, ha reducido el riesgo de un canje compulsivo para los bancos, del tipo “Plan Bonex”, implementado en diciembre de 1989, una medida de emergencia adoptada por el gobierno de Carlos Menem para controlar una situación de crisis económica y financiera. El plan consistió en la conversión compulsiva de los depósitos a plazo fijo en los bancos en bonos del gobierno a largo plazo, conocidos como Bonex (Bonos Externos).
Esta medida tuvo consecuencias significativas para los bancos, que fueron perjudicados de diversas maneras. Uno de los principales efectos negativos del Plan Bonex fue la pérdida de confianza en el sistema bancario.
Al forzar la conversión de los depósitos a plazo fijo en bonos a largo plazo, los depositantes se sintieron despojados de sus ahorros. Esto generó desconfianza hacia los bancos, ya que los ahorristas sintieron que sus depósitos no estaban seguros y que podrían ser confiscados en cualquier momento. Mas tarde en 2001, la pérdida de confianza se traduciría en una fuga de depósitos que afectó gravemente a los ahorristas (“2001, FMI, Tecnocracia y Crisis”, Eugenio Pablo Tigani, 2018, Ed. Dunken)
Los Bonex no eran instrumentos fácilmente convertibles en efectivo, lo que significó que los bancos quedaron con menos recursos disponibles para hacer frente a las obligaciones inmediatas de retiro de depósitos o préstamos. Esta falta de liquidez fue uno de los problemas más graves, ya que limitaba su capacidad para operar con normalidad y generaba gran inestabilidad sistémica.
Los bancos, al verse obligados a mantener los Bonos Bonex en sus carteras, vieron afectada su rentabilidad. Los bonos emitidos bajo el “Plan Bonex” ofrecían tasas de interés menores a las que los bancos pagaban por los depósitos originales. Esto generó un descalce financiero, ya que los bancos tenían pasivos con tasas de interés más altas que los rendimientos que obtenían de los Bonex.
La fuga de depósitos y la imposibilidad de disponer de liquidez suficiente derivó en una mayor vulnerabilidad de los bancos frente a una potencial quiebra, tanto con el “Plan Bonex” como con “el corralito”. Con el Bonex, muchos bancos, especialmente los más pequeños y menos capitalizados, no pudieron soportar la combinación de pérdidas de depósitos y la necesidad de mantener bonos a largo plazo en su balance.
Los Bonex no solo eran a largo plazo, sino que además sufrieron una fuerte desvalorización en el mercado secundario. El valor de mercado de estos bonos cayó rápidamente, ya que los inversores tenían poca confianza en la capacidad del gobierno de honrar los pagos a largo plazo en un entorno de crisis económica. Los bancos, que quedaron con estos bonos en sus carteras, vieron cómo sus activos perdían valor, lo que empeoró su situación financiera y afectó negativamente a su solvencia.
La implementación del “Plan Bonex” afectó la reputación internacional de los bancos argentinos. Como resultado, los bancos locales encontraron dificultades para acceder a financiamiento externo y para mantener relaciones financieras con instituciones extranjeras.
Esto no solo afectó a los bancos, sino que contribuyó a una contracción de la actividad económica, ya que las empresas y los consumidores enfrentaron dificultades para acceder a financiamiento. La caída en la actividad crediticia profundizó la recesión, agravando la situación financiera de los bancos.
"Bail out" o Salvataje a los bancos
El Tesoro tiene mayor capacidad para recaudar impuestos y emitir deuda soberana, lo que genera mayor confianza en la solvencia de la deuda. La contraparte es que ahora los que pagan impuestos deberán hacerles frente a los intereses financieros que generó la transferencia de la deuda a los ciudadanos.
Es obvio que el traspaso de la deuda al Tesoro Nacional ha permitido que los bancos negocien mejores condiciones financieras. En lugar de los pasivos remunerados emitidos por el BCRA, como las Leliqs o Pases, los bancos ahora pueden acceder a bonos emitidos por el Tesoro, que ofrecerán en los próximos meses tasas de interés más atractivas. Esto incrementaría los rendimientos de los bancos, mejorando su rentabilidad y, evitaría el riesgo de “previsionar” perdidas eventuales emergentes de un canje compulsivo, tipo Bonex.
La transferencia de la deuda ha aliviado la presión que pesaba sobre el sistema financiero. Es que desde 2016, con el nuevo gobierno, el BCRA enfrentaba una creciente carga de pasivos remunerados excesivamente, comenzando con Lebacs y siguiendo con Leliqs, lo que lo obligaba a emitir más dinero para pagar los intereses, incrementando el riesgo de una crisis inflacionaria o financiera. Al asumir el Tesoro la deuda, se consolidaron las ganancias del “carry trade” y se les ha endosado la pesada carga a los contribuyentes, reduciendo el riesgo de los bancos acreedores del BCRA de una crisis que podría haberles afectado gravemente.
Comprensiblemente, los pasivos del BCRA, tenían menor liquidez en los mercados internacionales que los bonos soberanos. Al tener ahora acceso a instrumentos más líquidos, los bancos pueden vender o utilizar estos bonos como colateral con mayor facilidad, lo que aumenta su flexibilidad financiera y reduce su exposición al riesgo.
Al transferir la deuda al Tesoro, los bancos también se benefician de una menor exposición a la volatilidad de la política monetaria del actual y futuro gobierno del BCRA.
Si la deuda hubiera permanecido en el BCRA, la necesidad de emisión monetaria para pagar los intereses podría haber generado una ineludible devaluación del peso y, consecuentemente, dejaría fuertes pérdidas en dólares. Esto habría erosionado el valor real de los activos en pesos de los bancos. Al estar en manos del Tesoro, que tiene acceso a otras fuentes de financiamiento, como bonos en dólares, este riesgo se reduce significativamente.
Inclusive, en situaciones de crisis, los gobiernos suelen ser más flexibles que el BCRA en cuanto a la reestructuración o renegociación de deuda. Al ser el Tesoro Nacional el nuevo deudor, los bancos tienen la oportunidad de negociar condiciones más favorables en caso de dificultades fiscales, asegurando mejores términos en una potencial reestructuración.
Por ahora los nuevos bonos son más atractivos para inversionistas extranjeros y tienen una mayor liquidez. El gobierno y los favorecidos pueden continuar con sus beneficios del “carry trade”, porque la percepción de estabilidad financiera del país mejora cuando el Tesoro Nacional asume la deuda, especialmente en un contexto de reformas económicas que buscan recuperar la confianza de los mercados.
Si bien el riesgo pais no cede, es por la falta de transparencia del gobierno, el ministerio de Economía y el BCRA, ya que esta metamorfosis debería mejorar sustancialmente la calificación crediticia del país, facilitando a los bancos locales el acceso a financiamiento internacional en condiciones más favorables, consolidando su estabilidad.
La transferencia de deuda del BCRA al Tesoro Nacional ha generado múltiples beneficios para los bancos con pasivos remunerados, permitiéndoles consolidar las extravagantes ganancias en dólares que obtuvieron desde el comienzo del gobierno Milei, que ahora se consolidaron, dadas las mejores condiciones financieras y una liquidez incrementada.
Esta medida ha estabilizado el sistema financiero si es que el Tesoro sigue cumpliendo con sus compromisos, aunque a costa de un aumento sustancial de la presión fiscal sobre los contribuyentes. En un contexto de incertidumbre económica desde 2018 “hasta ahora”, los bancos han consolidado su posición de ganancias en dólares, después de haber asumido por 6 años consecutivos los riesgos latentes de un canje compulsivo o un “corralito”.
Este es el momento en que se declara “final abierto”. El escritor deja al lector para que imagine lo que sucedió en el medio de estos meses, para completar el relato. Se pueden hacer distintas interpretaciones, dependiendo de lo que haya entendido cada descifrador.
(*) Pablo Tigani es Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política y autor de 6 libros