Los motivos que impulsaron el derrumbe de las acciones de Rockhopper, la petrolera que quiere operar en Malvinas

La presión y los reclamos argentinos sobre sus derechos sobre las islas y el Mar Austral comienzan a dar resultados. Inversores desisten de los contratos firmados solo en Londres.

Como en el fútbol: la presión ahoga

En el comunicado, la empresa británica reivindica sus contratos con el gobierno de Londres. Pero señala que una campaña de la presión argentina ya le genera costos a Rockhopper en el proyecto Sea Lion: "El Gobierno de la Argentina continúa con sus acciones para imponer sanciones a quienes participan en el Proyecto Sea Lion", apunta el texto en el que se refiere a la batería de acciones del Gobierno nacional para defender sus derechos soberanos sobre las islas y el mar argentino.

Es que la presión del Gobierno argentino sobre las empresas que participan de la explotación petrolera en las Islas Malvinas comenzó a generar consecuencias concretas para Rockhopper Exploration. La principal pérdida inmediata es operativa: dos contratistas vinculados al desarrollo decidieron no continuar con sus trabajos, por lo que Navitas, operadora israelí (tiene el 65% de las acciones) del proyecto, deberá reemplazarlos y realizar ajustes en el esquema de desarrollo.

El impacto también se trasladó al mercado. Después de que Javier Milei anunciara el endurecimiento de las sanciones contra las empresas que operen en las islas sin autorización argentina, las acciones de Rockhopper llegaron a caer más de 10% en Londres y posteriormente cerraron con una baja cercana al 6,5%. Navitas también sufrió un retroceso, aunque menor, de alrededor del 2,3% en Tel Aviv.

Esto es sumamente importante, porque en un comunicado anterior, las dos empresas informaron que habían completado una etapa crítica: reunir el dinero necesario en las inversiones imprescindibles para financiar la exploración de la plataforma submarina. Las previsones de las empresas operadoras de Sea Lion hablan de comenzar la producción de barriles en 2028.

A esto se suma un costo jurídico creciente. Rockhopper fue incorporada a una investigación judicial argentina por la explotación considerada clandestina, mientras que una jueza federal de Río Grande ordenó cautelarmente a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion.

El riesgo más importante para la empresa es que la presión argentina aumente los costos, genere nuevas salidas de proveedores y complique el cronograma. Navitas reconoció que, si más contratistas abandonan el proyecto o no se consiguen reemplazos satisfactorios, el impacto sobre Sea Lion podría ser sustancialmente mayor.

Por ahora, las compañías sostienen que el proyecto continúa y mantienen el objetivo de comenzar la producción en 2028, pero la presión argentina ya dejó de ser solamente política: se tradujo en pérdidas bursátiles, problemas con contratistas y mayores riesgos legales y operativos.

La presión y la denuncia internacional, como la de Javier Milei en la Asamblea de las Naciones Unidas dieron un resultado inicial. Tanto, que Rockhopper advierte de posibles retrasos: "Si el reemplazo de los dos contratistas que incumplieron sus obligaciones se demora o no resulta exitoso, o si la implementación de los ajustes al Proyecto que puedan ser necesarios se retrasa o no resulta exitosa".