En la misma, Ormachea precisó que el pedido de impugnación se hizo “por considerar esencialmente que tales liquidaciones constituyen una clara violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, al afectar derechos adquiridos de la sociedad que habían sido reconocidos por la propia conducta del Estado, sin perjuicio de otros defectos legales que los recursos explicitan”.