Referentes de Unión por la Patria se reunirán este jueves para consensuar una estrategia política en contra del Mega DNU, la Ley Ómnibus y la participación política en la marcha a la que convoca la CGT el 24 de enero. Del encuentro participarán Gobernadores, legisladores, gremios e intendentes de UP. No está prevista la presencia de los líderes del espacio, Cristina Kirchner ni Sergio Massa, aunque sí estaría Axel Kicillof que podría oficiar de anfitrión.
El mitín podría llevarse a cabo en La Plata, en la sede de la Gobernación bonaerense, el mismo lugar donde el mandatario anfitrión, Axel Kicillof, había convocado en diciembre pasado a referentes de UP para hacer una manifestación de rechazo al DNU de desregulación económica anunciado por el presidente Javier Milei.
Entre los referentes confirmados asistirá el jefe del bloque de diputados de UP, Germán Martínez, y el dirigente de Patria Grande y exprecandidato presidencial Juan Grabois.
El lunes último, al reunirse con diputados de UP en el Congreso, Kicillof había anticipado su intención de plasmar una reunión conjunta con gobernadores y legisladores del peronismo y aliados para definir una estrategia de rechazo a las iniciativas impulsadas por el Gobierno, mientras el debate parlamentario por la ley "Bases" avanza en el plenario de comisiones de la Cámara baja.
"Mañana vamos a ver las instancias en el Congreso por la ley 'ómnibus' y el DNU, y también la marcha de la CGT", habían anticipado a esta agencia fuentes cercanas a uno de los gobernadores del PJ.
Si bien hasta ahora el peronismo había dado libertad de acción para los dirigentes que quisieran participar de manera inorgánica de la movilización de la CGT del 24 de enero, tampoco puede descartarse que mañana se resuelva una modalidad de intervención conjunta en esa jornada de protesta.
Por otro lado, y como parte del mismo rechazo a la ley "Bases", la conocida como "Junta de Gobernadores" de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) pidió cambios en los artículos vinculados a la producción de hidrocarburos de esa normativa, en defensa del "dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos".
