Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro acusaron al jefe de Gabinete de haber omitido activos e inmuebles después de que el funcionario admitiera que mantuvo fuera de sus declaraciones bienes por unos U$S 500.000.
La denuncia contra el jefe de Gabinete es por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales. (Foto: archivo)
Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, integrantes de la Coalición Cívica, presentaron este viernes una denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a 2024 y 2025.
La presentación judicial sostiene que el funcionario habría ocultado de manera deliberada bienes y activos durante su paso por la función pública, una conducta que, según los denunciantes, podría configurar falsedad ideológica y vulnerar los principios de transparencia establecidos por la Ley de Ética Pública.
La denuncia se produjo luego de que Adorni reconociera públicamente que mantuvo fuera de sus declaraciones juradas bienes por aproximadamente U$S 500.000. Según explicó, esos fondos provenían de una inversión realizada antes de asumir funciones en el Gobierno.
La legisladora aseguró en diálogo con A24 que la denuncia se apoya en las propias declaraciones públicas del jefe de Gabinete, a quien acusó de haber reconocido la existencia de activos e inmuebles que permanecieron fuera de sus declaraciones patrimoniales durante años.
"Lo que nosotros denunciamos hoy es falsedad ideológica, artículo 293 del Código Penal, tiene que ver con el reconocimiento que queda hecho en el reportaje que le hace al periodista José del Río, en donde él se reconoce como evasor, reconoce el ocultamiento de bienes, y que mantuvo tanto los criptoactivos como inmuebles de lo que él denomina la vieja casta, la vieja política", sostuvo Frade.
La diputada rechazó además la explicación brindada por Adorni, quien atribuyó las omisiones a un error involuntario. Según argumentó, el cargo que ocupa el funcionario impiden considerar esa versión como una justificación válida.
"Quien ocupa el número uno de la función pública no puede decir que fue un error, que no se dio cuenta", afirmó. En ese sentido, remarcó que la información cuestionada también apareció en el informe de gestión que el jefe de Gabinete presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril.
"Frente a 257 diputados, él mantuvo esa falsedad, esa mentira y lo plasmó en el informe de gestión por escrito", agregó.
Frade también diferenció la nueva denuncia de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya tramita en la Justicia. Según explicó, se trata de dos cuestiones independientes desde el punto de vista penal.
Y agregó que las declaraciones juradas tienen como finalidad permitir el control ciudadano sobre la evolución patrimonial de los funcionarios durante su paso por la administración pública.
En ese marco, la legisladora consideró que las explicaciones públicas del funcionario no alcanzan para despejar las dudas sobre el origen de los fondos: "El enriquecimiento ilícito donde tiene que probar el origen de los fondos no queda probado con su mera manifestación. Va a tener problemas ahí", sostuvo.
En el escrito, Frade y Ferraro remarcaron que Adorni es contador de profesión y cuestionaron que haya atribuido las omisiones a un supuesto desconocimiento de las obligaciones legales.
Los legisladores rechazaron la explicación del funcionario y sostuvieron que la falta de declaración de activos, entre ellos criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades, evidenciaría una conducta deliberada destinada a evitar controles patrimoniales y tributarios.
Además, señalaron que las declaraciones públicas del jefe de Gabinete generaron un perjuicio institucional al pasar de sostener que su patrimonio estaba correctamente informado a admitir posteriormente que poseía activos fuera del circuito formal declarado.
La presentación judicial cita el artículo 268 (3) del Código Penal, que sanciona a los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales que omitan hacerlo de manera maliciosa o que falseen u oculten información relevante en esos documentos.
La figura contempla penas de entre 15 días y dos años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Se trata de un delito con una escala penal menor a la del enriquecimiento ilícito, una de las causas en las que Adorni busca explicar el origen y evolución de su patrimonio.
La nueva denuncia se suma a otras presentaciones que ya tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. Aunque todavía no se realizó el sorteo para definir qué juzgado intervendrá en este expediente, existe la posibilidad de que quede bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien ya tiene otras actuaciones vinculadas al funcionario.
En paralelo, la investigación patrimonial en marcha analiza la evolución de los bienes declarados por Adorni y la relación entre sus ingresos y gastos.
Según surge de la causa, los ingresos informados por el funcionario no alcanzarían para justificar más de U$S 406.681 en gastos detectados desde que asumió funciones públicas, sin contar erogaciones corrientes. A esa cifra se agregan aproximadamente U$S 335.000 en nuevas deudas.
En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita evaluaba avanzar con nuevas medidas para que el jefe de Gabinete aporte explicaciones sobre la composición y el origen de su patrimonio.
